Lejos de tenderse puentes hacia el acuerdo para evitar la huelga indefinida convocada a partir de hoy por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), unas polémicas declaraciones del secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, terminaron ayer por enconar un conflicto que amenaza, solo en esta provincia, con suspender cientos de juicios (entre otros actos judiciales) cada día, habida cuenta que, como mínimo, en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife se estima que el seguimiento será, al menos, de un 60%.
Lo cierto es todas las asociaciones de los LAJ (Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Asociación Independiente de Letrados y Colegio Nacional de Letrados) exigieron la dimisión de Rodríguez después de que este asegurase que la convocatoria de huelga es “política”, “sin finalidad profesional alguna” y “contra el pueblo”.
“Nos ha llamado hasta golpistas”, se escandalizaba ayer la portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración Justicia en esta provincia, Esperanza Torregrosa, a este periódico, al que reconoció que “estas declaraciones han caldeado el ambiente y creemos que ha terminado por decidir a más compañeros para sumarse”.
Sobre el posible seguimiento de al menos un 60% de los convocados (lo que supondrá todo un colapso en los órganos judiciales tinerfeños afectados), Torregrosa recordó que “ya en los paros de un día de duración que se han llevado a cabo el porcentaje fue del 63%, pero en las asambleas se ha detectado que los compañeros piensan secundar la huelga de forma todavía más mayoritaria”.
En cuanto a las molestias que sufrirán otros profesionales del sector y, sobre todo, los usuarios de la administración de Justicia a partir de hoy, esta portavoz de los huelguistas pidió “comprensión y, desde luego, disculpas. Nosotros somos los primeros que no queremos una huelga que no solo nos causa un evidente perjuicio económico por el salario que dejamos de cobrar, sino que sus consecuencias laborales son tremendas, porque todo lo que no se hace ahora se tendrá que hacer posteriormente”.
Respecto a las quejas por no saber con anticipación qué actos se van a suspender, cabe recordar que no es exigible tal aviso a un trabajador en su ejercicio de un derecho fundamental como es el de la huelga.
Resta por preguntar a Torregrosa por qué ni siquiera hay atisbos para buscar una solución a este conflicto, que se arrastra desde hace lustros y versa sobre incumplimientos salariales para compensar la creciente carga de trabajo para los LAJ en el afán de descargar a los jueces: “Hemos propuesto hasta cinco mediadores distintos al Ministerio, pero ni siquiera nos han dado una respuesta”, respondió.
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