El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen preceptivo que avala el decreto del Gobierno regional que permitirá a cerca de 10.500 familias acceder a la propiedad de la vivienda protegida en la que habitan como inquilinas.
Al mismo podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991).
En este sentido, este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996, según ha informado este lunes la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en una nota de prensa.
Tras el aval, el consejero del área, Sebastián Franquis, volverá a elevar al Consejo de Gobierno la próxima semana este decreto para su aprobación definitiva, publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y entrada en vigor antes de final de este mes.
De esta manera, el Ejecutivo regional ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación.
Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.
Por su parte, la Consejería prevé que, una vez entre en vigor el decreto, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.
Los que quieran acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas