La Plataforma Queremos Movernos exige al Gobierno de Canarias que rectifique un párrafo del artículo 11 del Decreto 138/2007 que dificulta el acceso a viviendas sociales en segunda transmisión. Ante un parque público de viviendas “insuficiente” para hacer frente a la demanda, dado que apenas cuenta con unas 16.200 casas para alquiler y harían falta, al menos, otras 17.000, como así denunció recientemente el diputado del Común, los beneficiarios se encuentran con una “injusta redacción” del artículo 11 del Decreto 138/2007, de 24 mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
Según denuncia la portavoz de Plataforma Queremos Movernos, Ana Mengibar, “queremos creer que fue un error en la redacción del artículo 11 del Decreto 138/2007 o su publicación en el BOC”, ya que para acceder a una casa social en segunda transmisión se pide contar con unos ingresos ponderados inferiores al 0,5 del Iprem, y no del 1,5 del Iprem, como en otros capítulos.
Cabe recordar que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) es el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. En 2023 está fijado en 600 euros mensuales, 7.200 euros anuales con 12 pagas, 8.400 con 14 pagas.
Así, explicó, todo aquel demandante de vivienda en Canarias “que cobre más de 300 euros no tiene derecho”. Por tanto, cualquier persona que reciba una Pensión no contributiva ya cobra más. “Asimismo, si cobran 300 euros solo para tener acceso a la vivienda, ¿con qué comen?”, alertó Mengibar. “La ponderación de ingresos y otros aspectos de ese Decreto son horrorosos”, dijo.
Denuncias
Un madre denunció a la plataforma que le habían denegado el acceso a una vivienda pública que había quedado desocupada por otro beneficiario, porque la Administración canaria se amparaba en el artículo 11 del Decreto 138/2007, y al comprobarlo “caímos en la cuenta de este despropósito” que realizó el anterior Ejecutivo de Coalición Canaria. De esta forma, lamentó que “el actual Gobierno de Canarias lo conoce, pero no lo ha corregido”. “Llevamos más de un año demandando la rectificación de este párrafo del artículo 11 del Decreto 138/2007”, explicó. Para Mengibar, esta situación supone que algunas viviendas públicas estén vacías en el Archipiélago. “Garantizan una manera de no facilitar una vivienda pública a los más vulnerables”, manifestó.
Queremos Movernos exigió al Gobierno que “rectifique este error inmediatamente, porque hay muchos beneficiarios esperando por una vivienda”, y que “se ponga las pilas en materia de vivienda porque es un derecho constitucional que se está vulnerando”. “Canarias necesita unos planes de vivienda que se analicen y se configuren desde la perspectiva del perfil del beneficiario o comprador en las Islas, es decir, realizar más promociones con destino al alquiler”, indicó. Además, se cuestionó “en cuántas ocasiones el Gobierno ejerció el derecho de tanteo y retracto”.
