A cuentagotas, día tras día, se conocen nuevos datos del llamado caso Mediador en base al contenido del sumario judicial, que ha ido desgranándose públicamente a través de los medios de comunicación. Y ayer en el Parlamento era el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el que revelaba que el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife solicitó al Gobierno regional acceso a expedientes “desde el año 2016” de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, en busca de actividades de cuestionable naturaleza vinculadas a la trama que ahora se investiga.
Una información que no es baladí, en la medida en que pone de relieve las sospechas de la autoridad judicial respecto al tiempo que ha estado en funcionamiento la extorsión a empresarios y los sobornos a cambio de prebendas que, supuestamente, se producían entre el citado departamento y varios empresarios. En el centro de esas prácticas la Policía Nacional sitúa al ex director general de Ganadería Taishet Fuentes Gutiérrez y a su tío, el ex diputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo, también conocido como Tito Berni.
En una comparecencia ante el Parlamento, Torres reiteró que ya se ha iniciado una investigación dentro del Ejecutivo, en distintas áreas, sin que por el momento, “tras una primera lectura”, se hayan observado indicios de irregularidad. “Luz y taquígrafo” es lo que prometió a instancias de la oposición, que puso en tela de juicio los motivos que le llevaron a cesar a Fuentes Gutiérrez en junio de 2022 por, oficialmente, “pérdida de confianza”, si bien el pasado mes de febrero, una vez se procedió a su detención, el PSOE lo expulsó del partido, en una acción tildada de “contundente” por el propio Torres.
Sobre la destitución, el presidente subrayó que “no era la persona adecuada” para estar al frente de dicho cargo de quinto nivel con competencias en Ganadería, ya que “tuvo enfrentamientos con el sector”. El más notorio, cuando hizo unas declaraciones defendiendo que los problemas del gremio derivaban del “libre mercado”, negando, pues, que estuvieran vinculados a otras circunstancias de carácter extraordinario como la pandemia de la COVID-19 o la guerra en Ucrania, o a la propia gestión del Gobierno. Unas palabras que en aquel entonces fueron tachadas de “desafortunadas” por la consejera del ramo, la palmera Alicia Vanoostende.
El líder de los socialistas canarios añadió que incluso un día antes de ser cesado, Taishet mantuvo una reunión con ganaderos en la que predominó la polémica. En ese encuentro, dijo, “quedó evidenciada la necesidad de prescindir de él”, algo que ahora, con los comportamientos que se le atribuyen, vinculados a las drogas y la prostitución, quedaría confirmado. Y es que, indicó, “nada tiene que ver” esa conducta con los valores que promueve el partido del puño y la rosa.
LAS MENTIRAS
El presidente también quiso incidir en la necesidad de no dar verosimilitud a las afirmaciones que, sin mostrar pruebas, ha realizado el empresario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte. En las últimas semanas, ha ofrecido distintas entrevistas donde ha acusado a personalidades públicas de estar involucradas en la trama, la mayoría de veces, sin aportar ni un solo documento que acredite tales extremos. Es por eso que Ángel Víctor Torres sugirió cautela a los grupos de la oposición en referencia a dar por válidas tales aseveraciones.
En el supuesto de tomar como veraces las denuncias del mediador, recordó Torres, también habría que poner el foco en el Ayuntamiento de Los Realejos, del que el actual líder del PP, Manuel Domínguez, fue alcalde, o a ciertos cargos públicos de Coalición Canaria. Algo que el socialista consideró que no sería “justo” para nadie, al igual que no lo es para él mismo, para el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y para la senadora Olivia Delgado. Los tres han presentado querellas contra Navarro Tacoronte en defensa de su honor.
Como motivos para desconfiar del mediador, Torres citó la extensa lista de antecedentes penales que preceden al empresario, aparte de algunas de las afirmaciones que, dijo, pueden ser desmentidas con facilidad. Entre ellas, una supuesta grabación que Navarro atribuyó a un funcionario público y que este negó haber realizado.
“USO POLÍTICO”
En la misma línea, el jefe del Ejecutivo regional condenó el “uso político” del caso contra el PSOE, dado que en la actualidad no hay ningún cargo público del cuatripartito que esté siendo investigado en el marco de la causa judicial. Mucho más, criticó el tono empleado “a escasas semanas de las elecciones”, con los efectos que una tergiversación de los hechos puede provocar en los comicios. Así, echó la vista atrás a 2019, cuando CC denunció a Torres por malversación al frente de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria coincidiendo con la cita con las urnas. Una causa que igualmente fue archivada.
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