Aunque no deje de resultar un parche ante la evidente carencia de sedes judiciales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin duda no se trata de un parche cualquiera el suscrito ayer por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, que escenificaron así un acuerdo clave para que el conocido como edificio Auditorio, o, más popularmente, el rascacielos de los cristales, ayude a reagrupar los juzgados de la provincia tinerfeña a la espera de que se construya un Palacio de Justicia que se amolde a las necesidades vigentes.
Fueron el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quienes firmaron un acuerdo para la adquisición por parte de la Comunidad Autónoma del referido edificio previo pago de 22 millones de euros para, una vez adquirido, se lleve a cabo su acondicionamiento como sede de órganos judiciales, lo que, sin duda, no dejará de ser una tarea de envergadura, dado que el inmueble ni de lejos se concibió para tal función.
Tras la rúbrica de Rodríguez -en calidad de responsable de la Consejería a la que se adscribe el departamento de Contratación y Patrimonio- y Bermúdez, se procedió a realizar una visita al interior del inmueble por parte de la comitiva oficial, igualmente compuesta por el consejero autonómico del ramo, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúritz; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y los concejales capitalinos Carlos Tarife y Juan José Martínez. A este respecto, Román Rodríguez destacó, tras la firma del documento de voluntades, la importancia de la cooperación entre administraciones para facilitar la vida a los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y la prestación de los servicios públicos.
Precisó que el traslado de los diferentes órganos judiciales que se encuentran dispersos en la ciudad y en régimen de alquiler permitirá un ahorro anual de 1,5 millones de euros al Gobierno de Canarias.
Por su parte, el alcalde Bermúdez se refirió a la magnífica ubicación del edificio, en plena zona de expansión de la ciudad en Cabo-Llanos, lo que facilitará la relación de los ciudadanos con la Administración de justicia e indicó que la habilitación del inmueble permitirá dar respuesta a las necesidades actuales de la oficina judicial en la capital tinerfeña. Del mismo modo, destacó que el inmueble constituirá la primera pieza de lo que será la ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.
Julio Pérez no dudó en detallar que el nuevo modelo judicial que prevén las leyes en marcha es de imposible aplicación con las oficinas actuales, con lo que “el desafío ahora mismo, una vez resuelta la compra, es proyectar con inteligencia el interior del edificio y que esté a la altura de los tiempos”. El consejero agradeció también el trabajo de las diferentes corporaciones municipales por la reparación del daño patrimonial provocado como consecuencia del caso de Las Teresitas.
Precisamente, el edificio cuenta con una superficie de 17.151 metros cuadrados, distribuidos en 13 plantas y tres sótanos, así como 200 plazas de aparcamiento.
Según los términos del acuerdo, el Gobierno abonará al Ayuntamiento los 22 millones de euros en cinco años, de manera que pagará cinco millones este y el resto en las siguientes cuatro anualidades. El edificio podrá estar disponible para el uso previsto durante 2024, cuando se prevé esta reagrupación física de órganos judiciales.
