El senador por el PSOE y concejal de Urbanismo lagunero, Santiago Pérez, anunció ayer que recurrirá el archivo de la investigación judicial sobre el caso Reparos por lo que respecta al también senador y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, una decisión judicial que calificó como “incomprensible”.
Fue en enero de 2018 cuando Pérez denunció en los juzgados laguneros el sistemático levantamiento de reparos interpuestos desde la Intervención Municipal para prorrogar y/o reactivar contrataciones del Consistorio de la Ciudad de Los Adelantados no contempladas en dichas adjudicaciones. Personado como acusación popular, ayer detalló que su recurso será “en súplica ante el propio Tribunal Supremo; no podemos dejar de hacerlo (…) en cumplimiento del deber legal” de acudir a los tribunales si funcionarios y cargos públicos aprecian indicios de actividades delictivas.
En una declaración pública donde aclara inicialmente su “plena confianza en la labor que a lo largo y ancho del país desempeñan miles de jueces y juezas que cumplen su función constitucional con imparcialidad”, Santiago Pérez no dudó en reafirmarse en su denuncia por el caso Reparos, a la par que criticó con dureza el aforamiento aún vigente a nivel estatal, gracias al cual Clavijo ha eludido ahora la justicia ordinaria en favor del Supremo, como ya pasó en el caso Grúas.
“El de los Reparos es un caso sistémico tan grave como jurídicamente sencillo. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo ha despachado sin miramientos, generando la sensación de que en España hay dos códigos penales distintos: uno que aplica la justicia ordinaria a la ciudadanía y otro que aplican altos órganos judiciales a los aforados. Es como si volviéramos a la edad precontemporánea, previa a las revoluciones liberales, cuando la sociedad era una sociedad estamental en la que cada estamento tenía su estatuto jurídico y sus jueces”, lamentó Pérez.
Para el socialista, “a veces parece que en esos altos tribunales se extreman las garantías de los justiciables, y nada tengo que objetar, pero se hace cada vez con más frecuencia con respecto a los justiciables de una parte del espectro social y político de nuestro país”.
Estupor
“Es difícilmente comprensible -continuó Pérez- la exclusión de asuntos judiciales y de corrupción graves de personalidades del mundo conservador: es casi inexplicable la exclusión de la exministra del Gobierno de Rajoy y presidenta de Castilla La Mancha,María Dolores de Cospedal del caso Kitchen (la utilización por el Partido Popular del poder del Estado para atacar derechos individuales con la finalidad de borrar los rastros de su corrupción)”.
Para el socialista, el caso Reparos se resume en que “un alcalde, en contra de las advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención General con carácter previo a la toma de decisiones, una y otra vez, hasta varios cientos, autoriza a varias empresas a dedo a seguir gestionando servicios públicos por los cuales muchas veces cobraban del Ayuntamiento millones de euros. Y en estas circunstancias, un archivo de plano es sencillamente incomprensible”.
Ve un “agravio comparativo infinito” al recordar lo de Fidela Velázquez
Hace dos años, la hoy exalcaldesa de San Juan de la Rambla Fidela Velázquez (PSOE) fue condenada por prevaricación administrativa, lo que recordó ayer Santiago Pérez para ilustrar su desazón por el archivo del Caso Reparos en lo que atañe a Fernando Clavijo.
“Conocer condenas de inhabilitación tan graves como la impuesta por más de ocho años a la alcaldesa de San Juan de la Rambla por pagar 3.000 euros a un medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento o 4.000 euros en pluses a funcionarios al margen del procedimiento legal, produce una sensación de agravio comparativo infinito. Y, por tanto, de injusticia y de arbitrariedad a la hora de aplicar unas leyes que deben aplicarse en términos de igualdad para todos”, manifestó Pérez.
Además, insistió en que el Caso Reparos “es de una extraordinaria gravedad”, para recalcar finalmente que “en el término municipal de La Laguna se derogaron de facto las leyes relativas a la contratación del sector público y se creó, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, un mercado protegido”.
