“Aunque al principio me decían que estaba gestionándose administrativamente, la última respuesta que tengo por parte del Grupo Boluda es que lo mejor será que acuda a los tribunales”. Así mostraba ayer a DIARIO DE AVISOS el gerente de la empresa SCC, Claudio Fernández, la enorme preocupación que ha provocado en su firma comprobar cómo su mercancía sigue a bordo de un buque portacontenedores llamado Lola B que, desde el pasado 27 de marzo (hoy hace exactamente un mes), se encuentra retenido en el puerto de Nuakchot (Mauritania) sin que el conflicto abierto entre la naviera en cuestión y las autoridades de dicho país tenga visos de solución alguna.
“Me consta que hubo reuniones tanto en Valencia la semana pasada como el pasado lunes en Londres [clásica sede del arbitraje internacional para el tráfico marítimo de mercancías] sin que se haya llegado a un acuerdo entre las partes”, añade Fernández, quien en realidad solo es uno de los aproximadamente 500 empresarios que ahora se ven afectados por el bloqueo de sus mercancías.
No en balde, se estima que el Lola B llegó a dicho puerto con unos 600 contenedores. Si bien consta que sí se desembarcaron los que tenían como destino específico Mauritania, hay que tener en cuenta que en Senegal se espera por dicho barco para cargar más contenedores, dado que el mismo cubre una ruta entre Gran Canaria, Mauritania y Senegal con una periodicidad semanal.
Aunque en tales contenedores abunda el material de construcción, maquinaria en general, etc, también hay artículos perecederos que, por mucho que aguanten sin problemas tal travesía semanal, difícilmente soportan semejante demora como la que nos ocupa, ni dentro del portacontenedores retenido ni a la espera de ser embarcados en el puerto de Dakar.
A falta de una confirmación oficial, las fuentes consultadas por este periódico señalan como origen del conflicto a una supuesta deuda que habría contraído una subcontrata de Boluda en Mauritania (se habla de unos 1,3 millones de euros, cantidad que con el paso del tiempo habría aumentado considerablemente).
Dada la falta de un acuerdo al respecto, ahora pretende cobrarse con la retención del propio barco, lo que se antoja un embargo del mismo, si bien de momento solo consta que se califique de “retenido”.
El tiempo pasa, y entre ese medio millar de empresas afectadas figuran, cuanto menos, un largo centenar de firmas radicadas en Canarias, y muchas más aquellas que, al menos, trabajan en las Islas.
Pero, ahora mismo, la respuesta no invita al optimismo: “En referencia a su reclamación, le sugiero su tramitación por la vía judicial”.
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