Viviendas

Acabo de leer un artículo de Sandra López, en El País, donde dice que seis millones de viviendas dejaron de ser protegidas en las últimas décadas. Dicho así, y para quien no conozca los mecanismos legales de la ley de Viviendas, de esa que se dice que nunca existió, parece un escándalo. Hay que entender las limitaciones de la protección, es decir los topes en el precio de venta y de alquiler, que desaparecen de manera automática una vez transcurridos los plazos, o devolviendo los propietarios las cantidades subvencionadas, en general las entregas a fono perdido y las bonificaciones de las hipotecas otorgadas por las administraciones públicas. Después hay que distinguir aquellas que han sido promovidas en el régimen general y las que fueron construidas sobre suelos de titularidad pública, en polígonos declarados a tal fin. Parece que ahora se anuncia que estas limitaciones lo sean con carácter permanente. No se puede meter todo en el mismo paquete, porque así se introduce un elemento que estaba destinado a favorecer la inversión inmobiliaria, como una solución general a un problema social, y no es así. Para lograr abaratar la vivienda protegida era suficiente con eliminar la incidencia que sobre su coste final tenía el valor del suelo. Para esto había que robustecer los llamados patrimonios públicos que estaban formados por las cesiones obligatorias de los procesos de urbanización o por los obtenidos por expropiación en los polígonos declarados así en el planeamiento. La cuestión estriba en que al ralentizarse las actuaciones urbanísticas estas bolsas de suelo público han ido disminuyendo. Este es un hecho que tiene que ver con la implantación de ideas restrictivas en cuanto a la ordenación. Al hablar de seis millones de viviendas, el estudio al que hace referencia Sandra López se remonta a las desclasificaciones que se han venido dando desde la mitad del siglo pasado. Yo creo que se confunde el parque público de viviendas, aquellas cuya titularidad sigue siendo del Estado, con las que han sido edificadas en suelos libres, por promotoras privadas y afectas a la protección por tiempo limitado. No es lo mismo una cosa que la otra. El que adquirió una de estas viviendas estaba pensando en que algún día iba a disfrutar de su propiedad plena, sin ninguna limitación. El problema de la vivienda en España es un problema serio y el urbanismo, estrechamente relacionado con él, ha sido utilizado como arma ideológica que en nada ha servido para responder a las necesidades sociales que de él derivan, que no son pocas. No todo es un escándalo ni todo es especulación. Ahora estamos pagando las consecuencias de estas luchas sin sentido. Hace más de cuarenta años, cuando llegué al ayuntamiento, abordé estos temas en la prensa, proponiendo el fortalecimiento de los patrimonios públicos del suelo como instrumentos para controlar los precios del mercado. También recordaba como en algunos países europeos se aplicaban técnicas que tenían que ver con derechos de superficie. El disfrute de aprovechamientos que siempre seguirían siendo de titularidad pública. El problema siempre ha estado en la diferenciación social basada en la ubicación de la residencia de los ciudadanos, lo que habla de sociedades imperfectas donde las desigualdades se manifiestan por algo tan simple como el vivir en un barrio o en otro, el pertenecer a un entorno de carácter eminentemente público enfrentado a los privilegios de otro privado. El diseño de las ciudades tiene mucho que ver con esto. También la distancia y las dificultades de movilidad para acceder a los centros de trabajo o de la Administración. En fin, problemas a los que no se atiende debidamente, enfrascados exclusivamente en resolver los asuntos medioambientales. Las cosas no se resuelven hablando de fondos buitres ni cortando por lo sano estableciendo límites permanentes a la protección. Hay mucha demagogia en todo esto.