La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha identificado a Canarias como la comunidad autónoma donde más licitaciones públicas quedaron desiertas en el primer trimestre de 2023, debido a la incapacidad de las empresas de asumir el coste de las obras.
Así lo ponen de manifiesto los datos desglosados por la patronal de la construcción, que reflejan que 65 de las 318 obras no iniciadas en los tres primeros meses del año en toda España corresponden al Archipiélago.
Los contratos públicos desiertos en Canarias suman un total de 13,4 millones de euros frente a los 189,1 millones de euros del total de España. Hasta cinco licitaciones en las Islas sin constructoras que ejecuten sus obras superan el millón de euros: la rehabilitación y adecuación de un conjunto de edificación compuesto por 40 viviendas en Breña Baja (La Palma), una escuela infantil, una plaza y zona deportiva en San Sebastián de la Gomera, la regeneración y renovación urbana de una urbanización en La Palma y la construcción de una oficina de la Seguridad Social en Fuerteventura. Las licitaciones de los cuatro primeros oscilan entre uno y 1,3 millones de euros y la quinta asciende a 3,1 millones.
Ante esta situación, los constructores piden modificar la Ley de Contratos del Sector Público y aplicar un sistema para reequilibrar los precios: “Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado”.
“Los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector, lo que terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la construcción canalizará en torno a siete de cada diez euros de los fondos europeos”, indican. Las constructoras llaman “negligentes” a las corporaciones, porque abusan del silencio administrativo.
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