A nadie se le escapa que llegan tiempos complicados, porque, a diferencia de sus profundos errores cuando estalló la burbuja inmobiliaria, la factura del tejido social tendido desde la Unión Europea para proteger a las personas durante la pandemia hay que pagarla, y será más temprano que tarde en cuanto vuelvan las temidas reglas fiscales que se imponen desde Bruselas.
Queda, eso sí, algo más que consuelo de comprobar que se aprendió de lo sucedido. Pero a la COVID-19 se le unió otro desastre, como la agresión rusa a Ucrania, cuyos efectos desde la perspectiva económica se tradujeron en una notable inflación para los países de la zona euro a cuenta fundamentalmente del crecimiento del precio de los combustibles. Y por esta vía llega lo que se teme una de las primeras malas noticias que se pueden recibir en territorios como Canarias, donde el turismo sigue siendo, a la par, la solución (supone más del 30% del PIB) y el problema, por la deficiente distribución de la riqueza que genera, junto al castigo que implica para un territorio tan frágil como el del Archipiélago.
En concreto, el varapalo que ayer se llevó Canarias proviene del anuncio de la empresa pública Aeropuertos y Navegación Española (AENA), que propondrá elevar las tarifas aeroportuarias un 4,09% a partir del 1 de marzo de 2024, como comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A nadie se le escapa que esta subida supondrá, de hecho, un incremento de los billetes aéreos para la ciudadanía en los próximos meses, teniendo en cuenta que las aerolíneas, que pagan estas tarifas por los servicios que reciben de los aeropuertos, repercutirá seguidamente este incremento a los pasajeros antes de descontarlos de su cuenta de beneficios.
Este tarifazo de AENA fue aprobado el pasado martes por el consejo de administración de AENA, si bien deberá contar ahora con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por el mismo se fija la propuesta tarifaria aplicable, fijando el ingreso máximo anual ajustado por pasajero (Imaaj) para 2024 en 10,35 euros por pasajero, lo que supone una variación del 4,09% respecto al de 2023 (9,95 euros por pasajero).
Como no podía ser de otra manera, son las aerolíneas -representadas por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) e IATA- las que primero ven perjudicado su negocio, a tal punto que incluso piden una rebaja argumentando un aumento de los costes del combustible y de los costes salariales. ALA asegura incluso que confiaba en que el gestor aeroportuario opte por unas tasas competitivas “para facilitar la recuperación de la aviación comercial”, todavía “muy impactada por el alto endeudamiento” que muchas compañías asumieron durante la pandemia.
En cuanto al Gobierno de Canarias, ha salido en tromba de la mano de su consejera de Turismo, Jessica de León, quien mostró ayer su total rechazo y oposición a la decisión de AENA, al entender que esta subida va a repercutir negativamente en la competitividad turística de Canarias, cuando los beneficios del ente público de enero a junio, que arrojan un resultado bruto de explotación de 1.170,3 millones de euros. Un dato que, sin duda, no ayuda a comprender la decisión de AENA, dadas sus consecuencias para territorios como Canarias.
