Tiene una ardua tarea por delante, pero Candelaria Delgado Toledo también tiene las ideas claras de cuáles son sus prioridades a la hora de gestionar las distintas materias que abarca de manera eficaz para garantizar el acceso de la ciudadanía a sus derechos, en tiempo y forma. En primer lugar, consolidar y reforzar la plantilla de su Consejería, la simplificación administrativa en materia de dependencia y más medios para la discapacidad.
-¿Qué prioridades tiene que afrontar dentro de la importancia de un área tan relevante?
“Es una consejería donde todos los temas son importantes. Una cuestión prioritaria que tenemos que poder abordar inmediatamente y a largo plazo es el tema del personal, porque los planes de choque se acaban el año que viene, con lo cual voy a empezar a tener carencias de trabajadores. A finales de agosto se incorporará mi secretaria general técnica y deberá abordar la creación de la relación de puestos de trabajo (RPT) con las plazas necesarias. Evidentemente, ha habido una carencia de personal en esta consejería desde hace años y no voy a pretender que se apruebe el año que viene la RPT, porque es inviable, pero sí que a lo largo de esta legislatura tengamos esa RPT vigente. He citado al Comité de Empresa para ver las necesidades de personal estructural que necesita la Consejería. También tenemos que abordar la creación de dos nuevas direcciones generales, que se asumirá con parte del personal propio que ya se tiene y que estaba en otras áreas, pero que hay que hacer estructural para esas nuevas áreas”.
-Una consejería tan específica no debería tener temporales.
“Ese es el problema de los planes de choque, se tira de la lista de personal funcionario interino que tiene esta comunidad y se cubren esas plazas que creas, pero lo máximo que dura son cuatro años. Si no tenemos en ese tiempo personal estructural de la Administración, cuando accedan a tener su puesto vamos a tener que formarlo de nuevo. Si a la vez que el plan de choque podemos hacer la RPT, ese personal puede formarse o presentarse también a su plaza. Se trata de no gastar esfuerzos y recursos en formar personal que a los tres años se volverá a ir. Por eso necesito personal estructural en la creación de plazas, y para ello una cuestión primordial es declarar a Bienestar Social como servicio esencial, como lo es Educación y Sanidad, para luego poder crear las plazas y cubrirlas todas desde el momento que haya una baja o se produzca una jubilación”.
-¿Qué otros temas debe afrontar urgentemente?
“Hay que tener personal suficiente para poder acabar con esas listas de espera en dependencia o discapacidad. Estas listas de espera van con dos cuestiones paralelas, que son aplicativos informáticos que funcionen y que de verdad cubran las necesidades de los técnicos y el personal. No voy a poner un aplicativo de alguien que me venga de fuera, yo quiero un aplicativo que se trabaje con la gente de la casa, que cubra sus necesidades. No me pueden decir que un aplicativo no se puede desarrollar en poco tiempo. Yo tengo dos experiencias previas gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda, que fueron las Ayudas al Alquiler por la COVID y el Registro de Afectados del Volcán de La Palma, que en un mes y medio estaban los aplicativos hechos. Para eso tengo el compromiso del presidente del Gobierno de poner todos los medios necesarios para realizarlo. Otra acción que nos permitirá acortar esas listas de espera es que nuestro personal se dedique a estudiar toda la normativa y plantear simplificaciones administrativas a esas normas. Esto nos va a permitir aprobar nuevos decretos de procedimiento administrativo, por ejemplo, para reconocer la situación de dependencia más acorde a los tiempos, que permita que cumplamos con los plazos que establece la ley. Espero que antes de final de año presentemos alguno de esos procedimientos simplificados”.
-¿Una urgencia es la Renta Canaria de Ciudadanía?
“Pues tenemos que desarrollar la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) y buscar el dinero para esa renta. Se presupuestó para el año 2023 con las cuantías de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) del año 2022, con lo cual en nada tengo que ampliar el crédito para pagar las nóminas de la RCC, que están sobre los 9 millones de euros mensuales, para poder cubrir a todas las personas que la están solicitando y que se ha visto que tienen derecho a ella. Hay que desarrollar los complementos que están establecidos en la Ley de la Renta Canaria y tengo que presupuestarlos, alguno de ellos son muy importantes. Y otra cuestión importante es dialogar con el Estado para que asuma a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Renta Canaria es una prestación complementaria al IMV, entonces, muchos de nuestros beneficiarios son solicitantes del Ingreso Mínimo Vital que no se les ha resuelto y que deberían pasar a cobrarlo y no estar costeándolos nosotros, con lo cual nos podía quedar dinero para abordar lo que de verdad tenemos que hacer en la Ley Canaria, que son distintos complementos como el de la vivienda, el de educación de menores, el de las pensiones no contributivas y el de los empleados precarios (en ambos casos para que puedan subsistir). No puedo ponerlos en marcha si no tengo los fondos suficientes, y eso también pasa por que el Ingreso Mínimo Vital asuma muchos de los beneficiarios que tenemos”.
-La Renta Canaria de Ciudadanía llegó a 12.645 familias en julio, se preveían 40.000. ¿No debería llegar a los 300.000 canarios en pobreza estructural?
“Cuando se puso en marcha el Ingreso Canario de Emergencia se cifró en 300.000 personas en Canarias con ningún tipo de ingreso, entonces el Ingreso Mínimo Vital decía que podía llegar a unas 30.000 o 40.000 familias. Ahora tenemos 12.645 en la nómina de julio y todavía tenemos un montón de solicitudes pendientes. Nuestra misión es terminar de complementar ese Ingreso Mínimo Vital y centrarnos en el acompañamiento social que no está previsto en el IMV y que en la RCC sí se contempló, porque de nada sirve darle la prestación a la familia si no trabajas con esas personas todos los indicadores para que puedan salir de esa situación de exclusión social. Aparte de que pongamos en marcha uno de los acuerdos programáticos de este Gobierno, que es el tema del plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que será de manera interadministrativa”.
-Las organizaciones del tercer sector tienen mucho que decir. ¿Les llegarán las subvenciones en tiempo y forma?
“Una de las cuestiones fundamentales será atender sus propuestas y necesidades, sobre todo en el tema de la financiación, para que se aborden los proyectos y servicios que se están llevando a cabo con familias en alta vulnerabilidad y exclusión. Además de agilizar los trámites para que les lleguen las ayudas en el primer trimestre, iremos más allá y me propongo conseguir cumplir con la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que establece las subvenciones plurianuales. Para eso hay dos cuestiones importantes: el catálogo de servicios y prestaciones, al que realizaremos alguna modificación, y la otra cuestión es que ese catálogo ahora mismo no sirve de nada sin el Plan Estratégico que conlleva y, sobre todo, sin definir entre todas las administraciones públicas el ámbito competencial y los dineros que hay que poner. Tras definir claramente las competencias, eso nos permitirá hacer el catálogo con ese servicio y prestaciones, y el concierto de la prestación que nos permitiría estabilizar su financiación, porque hay muchos servicios en esta comunidad que llevan haciéndolo durante 20 años diversas entidades de manera estructural, en lugar de ser un apoyo y prestarlo de forma complementaria. Todo proyecto tiene que ser financiado de manera estable”.
-¿Y el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales?
“Muchos de los decretos normativos que estaban previstos en esa ley que no se han desarrollado. Está desarrollado el concierto, pero sin el catálogo no nos sirve de nada. También hablamos de normativas, el tema de la plurianualidad, asimismo, está reformular el tema de inspección de centros, está la coordinación sociosanitaria que hay que establecerla con Sanidad, y que actualmente se realiza entre buenos profesionales funcionarios, pero no porque esté establecida como tal… Hay cuestiones que dependen de las dos consejerías, como, por ejemplo, los mayores que tenemos con alta sanitaria ocupando plaza en los hospitales. Es un problema importante por la carencia de un Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, o la no ejecución del mismo. Las únicas plazas que podremos ejecutar en poco tiempo, en dos años, en lo que se licitan y se construyen, son las 615 plazas establecidas en los fondos Next Generation, que vamos a intentar repartir a los cabildos antes de finales de septiembre por 72 millones de euros. Evidentemente, tenemos que liquidar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias anterior y ponernos a redactar desde ya con los cabildos el plan nuevo, y determinar qué financiación pondremos cada uno, para en adelante establecer un plan que podamos ejecutar y que nos permita en cuatro, cinco o seis años llevarlo a cabo”.
-Hay usuarios que podrían estar en casa contando con un buen catálogo de servicios
“Efectivamente. Cuando hablamos de centros sociosanitarios no son solo centros de estancia permanente, sino debemos hablar de centros de día o centros de respiro familiar, que muchas veces es lo que necesita la familia, o también figuras como el asistente personal. Todas son cuestiones establecidas en la Ley de Atención a la Dependencia, que no se están llevando a cabo y que permitirían, junto con las adecuaciones de la vivienda donde reside el mayor, y con el suficiente número de horas de la Ayuda a Domicilio que el Estado ha mejorado recientemente, abordar primero la revisión de los Programas Individuales de Atención (PIA) que ya tenemos y las Revisiones de Grado. Es un tema que hasta ahora no se ha estado llevando a cabo porque se han priorizado las altas nuevas y la ayuda económica. La población que está solicitando la dependencia empeorará su situación, entonces esas revisiones de grado y de PIA son muy importantes para darle cabida a todas las nuevas ofertas. En teleasistencia debemos mejorar los números, que son ínfimos, y también tenemos una orden para que los fondos europeos se apliquen y podamos llevarlos a cabo, porque así nos permitirían llegar a 30.000 usuarios. Tenemos que dar los servicios que realmente necesita esa persona dependiente, y no aquellos que podamos costear. Vamos a sentarnos y hacer números, porque con 17 años de vigencia de la ley ya se podía haber establecido un plan de actuación plurianual. Hay cuestiones que tienen que planificarse a largo plazo, sobre todo en infraestructuras sociosanitarias, pero hay otras, como los servicios, que lo que hay que hacer es poner el dinero y ponerlos a funcionar. Hay unas 3.000 familias a las que se les ha reconocido el servicio de ayuda a domicilio que no lo reciben por carecer donde viven de una empresa que lo haga. Dentro de las posibilidades que la ley nos permite, hay que desarrollar todas esas facetas combinándolas con los ayuntamientos”.
