El debate sobre la amnistía no solo se quiebra en el sentido jurídico, sino también en el político. Incluso en las opiniones que aparentan ampararla hay elementos sobrados para su no recomendación. Hoy publica El País un artículo del catedrático Manuel Cancio titulado Amnistía: Constitucional (y necesaria). Uno se sumerge en la lectura esperando encontrar una justificación al acuerdo que, según se dice, el Gobierno tiene ultimado y a punto de firmar con los independentistas, y se tropieza con afirmaciones como esta: “No hay amnistía, no hay borrón y cuenta nueva sin buena fe a futuro. De ambos lados. Esto implica decir adeu al ho tornarem a fer”. Este es el aspecto político que invalida toda discusión jurídica, a pesar de que el titular incite a pensar lo contrario. Pero la prensa dispone de estas técnicas subliminales donde se oculta la realidad, como en la letra pequeña de los contratos abusivos: esos que se denominan leoninos.
Cuando la leche hierve solo se ve la nata en la superficie, y la nata, a pesar de los pesares, indica la presencia de un chantaje en el que una de las partes impone sus condiciones, sin ese compromiso a futuro que e Cancio en su artículo. Además, esto por sí solo elimina la necesidad de normalización que se declara como argumentación principal, cuando uno de los actuantes (el Estado) se desarma, mientras el otro (el independentismo) conserva todas sus balas en la recámara, pues la amnistía es solo la antesala de la repetición de los hechos. Al menos esto es lo que se declara desde Cataluña y desde Waterloo. La clave está en la interpretación del término necesidad. ¿Qué es lo necesario? O mejor dicho, ¿qué es necesario ahora que no lo fuera antes? Porque entonces estaremos entrando en el terreno de lo circunstancial. En este caso no nos queda más remedio que concluir que la circunstancia es la que se deriva del resultado de las elecciones del 23 de julio. La pregunta entonces sería, ¿si el resultado hubiera sido otro la necesidad seguiría siendo la misma? Como quiera que a estos asuntos se les suponer la condición de sobrevenidos y teniendo en cuenta lo declarado en la campaña, la necesidad surge directamente de una situación de investidura, porque si esta intención se hubiera declarado con carácter previo, el debate se habría convertido en preelectoral y, según lo expresado por los votantes, se podría interpretar como un rechazo o como un plebiscito, en su caso. De otra manera, se le estaría hurtando al pueblo el manifestarse sobre un asunto tan fundamental. No hace falta ser catedrático de nada para ver que esto es así.
Ayer presentó Alfonso Guerra su libro en Madrid, le acompañaban Felipe González y unos centenares de importantes cargos socialistas. Vinieron a decir lo mismo que estoy afirmando aquí, que es lo que dicen millones de españoles. Lo democrático en este caso sería convocar elecciones y preguntar abiertamente sobre la amnistía, el referéndum y demás exigencias. No hacerlo es un truco fácil, hecho a la vista de todos, a sabiendas de que no se cuenta con el apoyo mayoritario, a pesar de la tan traída y llevada aritmética parlamentaria. Ni siquiera el CIS se atreve a preguntar y pierde su tiempo averiguando si los españoles prefieren la tortilla de patatas con cebolla o sin ella. Si la normalización es tan necesaria, incluyendo las exigencias de amnistía y referéndum, pregúntese a los españoles cuál es su opinión y no se intente repetir el engaño de 2019, para que entre por la puerta de atrás aquello que no votaron. Esto es lo decente, lo democrático y lo estrictamente necesario. Todo lo demás son juegos de manos.