Andorra se suma a la lista de países que han decidido tomar medidas drásticas para controlar la especulación extranjera en el sector inmobiliario. El Govern ha anunciado una prohibición temporal que impide a los ciudadanos extranjeros comprar propiedades en el país, en un esfuerzo por contener el aumento de los precios de la vivienda.
Esta decisión se produce en respuesta a un aumento del 12,8% en los precios de la vivienda durante el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. La medida se mantendrá en vigor hasta que se establezca un impuesto específico para abordar este problema.
Este movimiento de Andorra sigue el ejemplo de otros países que han adoptado restricciones similares en un esfuerzo por frenar la especulación. Nueva Zelanda implementó una medida similar hace cinco años, seguida recientemente por Canadá, ambos con el mismo objetivo en mente: proteger su mercado inmobiliario de prácticas especulativas.
En España, el mercado inmobiliario también se ha visto afectado por la creciente inversión extranjera, con los extranjeros representando casi el 15% de las compras de viviendas. En el último año, las transacciones de propiedades han aumentado en un sorprendente 45%. A pesar de las altas tasas de interés y los costos hipotecarios, el mercado inmobiliario se encuentra bajo presión. Hasta ahora, solo las Islas Baleares en España habían considerado una medida similar.
Sin embargo, en el contexto europeo, este tipo de restricciones aún no están permitidas debido a la normativa de la Unión Europea. La Comisión Europea (CE) solo contemplaría la posibilidad de tales medidas en casos excepcionales en los que existan razones imperativas de interés general.
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