De lo que no se habla

Se está imponiendo el debate sobre la legalidad o no legalidad de la ley de amnistía y de si esta va encaminada a acabar con el conflicto catalán, reduciendo el asunto a una exacerbación del nacionalismo patriótico y caduco de la derecha recalcitrante, frente al legítimo derecho a la autodeterminación de los pueblos y regiones, o parte de ellas, que se sienten oprimidos dentro de un estado plenamente democrático, y esto es un error, tanto por parte de quienes se oponen como por la de los que lo defienden. Entrar en ese juego es reconocer que si se consigue un texto favorable que satisfaga a las partes se estará obviando el problema de que toda la operación está realmente encaminada a colocar el conflicto territorial como moneda de cambio para una investidura. Se han escuchado voces de viejos socialistas en contra de esta decisión, a las que se han añadido, con contundencia, las de periodistas, como Juan Luis Cebrián, o escritores, como Javier Cercas, nada sospechosos de coquetear con la derechona. Ya hace tiempo que se plantea que el principal escollo que tiene que superar esta ley es el de la justificación de su motivo y oportunidad.

Es difícil, por no decir imposible, que la circunstancia de tiempo y plazo, la visita de Yolanda a Bruselas y tantas otras circunstancias que rodean a este asunto puedan ocultar que se trata de un burdo trueque para conseguir un apoyo en la investidura de un presidente. En este caso, no estaríamos discutiendo sobre legalidad o legitimidad sino sobre ética, a pesar de que sabemos que este concepto esta desterrado de la práctica política. Pues va a ser que no, que ese componente moral es el que distingue a un sistema democrático de otro que no lo es. Solo por esto tienen razón Cebrián y Cercas sobre su denuncia de que esta iniciativa pone en riesgo a la Constitución, y al régimen de libertades que nos dimos en la transición de 1978, y que algunos están empeñados en demoler. A medida que avanza el tiempo se suceden los debates sobre el aspecto menos fundamental de este problema, que no es el de su vertiente jurídica sino el de utilizar algo tan delicado y frágil con el solo objeto de conseguir mantenerse en el poder alguien que ha demostrado sobradamente que es capaz de utilizar todos los medios, incluso los de dudosa moralidad, para lograrlo.

Lo peor del caso es que lo hace a la vista de todos y aprovechando la pasividad de un pueblo al que han desprovisto de sensibilidad con una presión de opinión trabajada a lo largo de muchos años. De esto no se habla. “Adesso non ridere”, como decía Rigoletto. Porque el auténtico conflicto por el que está pasando España no es el de otorgarle un privilegio a un porcentaje no mayoritario de habitantes de una región que pretenden imponerle sus reglas al resto, sino el de considerar que nuestro sistema político está agotado y hay que cambiarlo por otro urgentemente. Para eso hay que mantener a un presidente en el poder que sea capaz de colaborar en esta operación de más largo alcance del que se piensa. Eso es lo que ven Cebrián y Cercas y todos los socialistas, a los que llaman de la vieja guardia, que no hacen otra cosa que defender el régimen que un día trajeron a este país, con no poco esfuerzo y sacrificio, y que algunos pretenden poner en almoneda solo en nombre de su interés particular.

De esto se trata, y de esto no se habla, porque se prefiere entrar en la discusión sobre tecnicismos que es la auténtica cortina de humo para no ver el problema en su cruda realidad. Todos están cayendo en esa trampa. Y cuando digo todos, me refiero a todos, sin exclusión alguna.