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Fiscales majoreros trabajan en un garaje por falta de sedes en las Islas

María Farnés, fiscal superior de Canarias, denuncia en el Parlamento que profesionales del Ministerio Público trabajan en garajes y reclama más psicólogos y asistentes sociales
Foto: Sergio Méndez

Un panorama desolador. La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, advirtió ayer en el Parlamento autonómico de que la situación del Ministerio Público en las Islas es “crítica”, empezando por la falta de instalaciones, dado que en Santa Cruz de Tenerife sigue sin haber Palacio de Justicia [a este respecto, cabe recordar que el actual ni siquiera llegó a inaugurarse oficialmente, porque, sin abrir sus puertas, ya resultaba insuficiente], mientras que en Puerto del Rosario (Fuerteventura) incluso se trabaja en un garaje y en San Bartolomé de Tirajana los dos últimos fiscales que han llegado tienen que desempeñar su labor en Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio.

Así lo relató la fiscal superior durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022 llevada a cabo en la Cámara regional, donde aseguró que “es necesario ampliar la plantilla de funcionarios, pero no se puede por falta de espacio”. Es tal la carencia de medios que se extiende a psicólogos y asistentes sociales, lo que impide contar con informes psicosociales para establecer regímenes de visitas a menores en los conflictos familiares. Tampoco hay medios sociosanitarios para atender a personas con discapacidad a las que se da de alta en los hospitales y no regresan a sus domicilios.

No hay peritos expertos en medio ambiente y urbanismo ni medios para que la Policía investigue los delitos de trata en inmigración, apuntó Martínez, quien puso de relieve, además, que sigue sin funcionar la oficina de atención a las víctimas, a pesar de que en teoría está en vigor desde marzo de 2021.

Todas estas carencias “llevamos muchos años” exponiéndolas y “no debemos convertir este acto” de presentación de la Memoria en “yo pido y ustedes me escuchan”, remarcó Farnés Martínez a los parlamentarios, a quienes avisó de que la Fiscalía necesita “ayuda” para poder cumplir sus cometidos con la ciudadanía.

Sobre los datos generales de la Memoria correspondiente a 2022, María Farnés Martínez expuso que en 2022 aumentaron los delitos contra la vida (consumados o intentados), que fueron 67 en Santa Cruz de Tenerife y 76 en Las Palmas, así como las diligencias previas por agresiones y abusos sexuales. En cuanto a la violencia machista, en 2022 se incoaron 5.673 en Santa Cruz de Tenerife y 6.854 procedimientos en Las Palmas.

Además, en Santa Cruz de Tenerife se dictaron 1.286 sentencias condenatorias, 960 sentencias condenatorias por conformidad y 226 sentencias absolutorias, mientras que en Las Palmas hubo 77 sentencias condenatorias por violencia de género, 1.509 sentencias condenatorias por conformidad y 47 sentencias absolutorias.

Educación
María Farnés Martínez hizo hincapié en la necesidad de favorecer la prevención de la violencia de género mediante la educación de niños y jóvenes en el respeto a la dignidad de las mujeres. “No basta con que protejamos a nuestras niñas, hay que educar a nuestros niños y eso no pueden hacerlo los fiscales y los jueces, cuando intervenimos es porque esos mecanismos han fallado”, afirmó.
La fiscal también hizo un resumen de las revisiones de condena en aplicación de la ley conocida como solo sí es sí. Se examinaron 300 ejecutorias, en las que 14 se rebajaron las penas de uno a dos años y cuatro excarcelaciones, una en Santa Cruz de Tenerife y las tres restantes en Las Palmas.

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