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Un presunto deporte

El FC Barcelona es más que un club, todos los equipos de fútbol son más que un club, y el fútbol es mucho más que un mero deporte. No en vano la mayoría de sus presidentes y directivos son empresarios, y en los palcos de los estadios se acuerdan operaciones financieras como en los despachos de las empresas. Porque el mundo del fútbol es un mundo empresarial, en donde se cierran continuamente acuerdos empresariales sobre sus activos, que son los grandes -y no tan grandes- jugadores. Y precisamente el que sus activos sean los jugadores determina la superioridad económica del fútbol masculino sobre el femenino por una mera cuestión física. El fútbol masculino no necesita ganar una visibilidad que tiene asegurada siempre al máximo nivel, mientras el fútbol femenino depende de gestas como el campeonato mundial de nuestra selección femenina absoluta; y desgraciadamente en este caso por razones extradeportivas y ajenas al fútbol. Razones que, entre otras cosas, han puesto de manifiesto la sorprendente zafiedad y falta de educación de algunos de sus dirigentes. Pues bien, a pesar de la infinita incidencia social del fútbol en todos los países, y de circunstancias tales como, por ejemplo, el reciente desembarco masivo en ese mundo de las grandes fortunas del mundo árabe, las instituciones que controlan y dirigen el fútbol, como la FIFA y la UEFA, son instituciones privadas a las que se reconoce una proyección pública, pero que no dejan de tener carácter privado. Son Estados dentro del Estado, a los que los Gobiernos no pueden controlar sino muy imperfectamente, como hemos comprobado en el caso de la selección femenina absoluta y la Federación Española. Y, además, son Estados dentro del Estado cuya dinámica interna se rige por parámetros autoritarios de lealtades personales y contabilidades opacas. Por cierto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal abierto por la denuncia de una jugadora de la selección ha recibido, a través de la Embajada de Australia, el certificado del contenido de todos los delitos del Código Penal de ese país. El Derecho Penal es territorial, y los hechos investigados tuvieron lugar entre españoles, pero fuera de España, en el Estado de Nueva Gales del Sur, uno de los Estados miembro de Australia, que es un Estado federal. El juez tiene que conocer si esos hechos investigados de agresión sexual y coacciones son delito en ese Estado. Ese es el motivo de que la causa se instruya en la Audiencia Nacional y no en un Juzgado ordinario. En cuanto a lo sucedido en el avión de regreso a España y escala en Doha, al ser una aeronave civil y no militar, no era territorio español, y tendríamos que remitirnos a las coacciones que se sustanciaron en Baleares. Por si lo ocurrido en Sidney no fuera suficiente, en estos días ha estallado otro escándalo relacionado con la Federación Española. Se trata de los pagos efectuados por el Barcelona en los últimos años con la presunta finalidad de asegurarse unos arbitrajes parciales favorables. Sorprendentemente, el registro de las oficinas correspondientes por la Guardia Civil se ha ordenado solo ahora, por lo que es probable que se haya producido una destrucción de pruebas. Sin embargo, a pesar de todo, el fútbol es un deporte. Presuntamente.

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