La autonomía canaria ha cumplido los 40, tras algunos años de autonomismo entre bambalinas. Uno de sus artífices fue Jerónimo Saavedra, cuya contribución en muchos aspectos de la política regional y nacional está siendo solemnemente elogiada con motivo de su inesperado fallecimiento. Al veterano socialista no le pesaba la edad (87 años no son tantos para lo que vivió). De hecho, transmitía la impresión -puertas adentro, cada persona es un mundo- de que le quedaba cuerda para rato. No daba la tabarra con la guitarra, por mucho que cantara folías.
Comenzó a militar en el PSOE y en la UGT en 1972. Ya en 1977 fue elegido secretario general del partido en Canarias. Ejerció de diputado por la provincia de Las Palmas en las Cortes constituyentes (1977) y repitió en 1979, 1982 y 1989. Senador, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ministro en dos ocasiones (Administraciones Públicas y Educación/Ciencia), diputado del Común y, por supuesto, presidente del Gobierno de Canarias (1983-1987 y 1991-1993). También estuvo al frente del órgano preautonómico (la Junta de Canarias), del 14 de enero al 11 de junio de 1983. Lo precedieron cuatro de la UCD: Alfonso Soriano, Fernando Bergasa (dos veces), Vicente Álvarez Pedreira y Francisco Ucelay. El proceso que culminó con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 16 de agosto de 1982, del Estatuto de Autonomía no le es ajeno.
El 14 de abril de 1978 se reunió en Tenerife el colegio electoral, integrado por los parlamentarios canarios elegidos en los comicios generales, con la finalidad de designar a los 28 miembros de la futura Junta de Canarias, previsto en el artículo 3.1, del real decreto ley 9/1978. La convocatoria no era formal ni pública. La tensión se mascaba en el ambiente y la negociación se estiraba como un chicle. La UCD compareció dividida en dos sectores, cada uno de los cuales tiraba para una capital de provincia. Aquello acabó en un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que resolvió una sentencia dictada el 9 de junio de 1978. No se admitió por falta de “legitimación activa”.
Digerido el mal trago, la Junta quedó constituida al amparo del real decreto ley 9/1978 y asumió la gestión de los recursos del régimen económico y fiscal mediante el real decreto-ley 2/1981, de 16 de enero. El 24 de mayo de 1980, los parlamentarios de los distritos electorales de Canarias en las Cortes y los representantes de las mancomunidades provinciales interinsulares adoptaron el acuerdo de someter a información pública los anteproyectos del Estatuto elaborados por las diversas formaciones políticas. Los comunistas presentaron ante la Mesa del Congreso un escrito que descalificaba por “inconstitucional” el texto aprobado en Canarias, al entender que no se había acreditado por ninguna vía. La queja cayó en saco roto y el Estatuto salió acompañado de la Lotraca, la ley orgánica 11/1982, de Transferencias Complementarias a Canarias. Se reformaría en 1996 y, tras el intento fallido de 2006, el 6 de noviembre de 2018 entró en vigor el actual.
El 8 de noviembre de 2022, en las jornadas La autonomía de Canarias ante el espejo en su 40º aniversario: retos y desafíos, organizadas por el Parlamento en colaboración con el Ejecutivo, Jerónimo Saavedra emplazó a las administraciones públicas a ser “más eficientes” en su gestión y llamó a liquidar los “extrapoderes” de algunos funcionarios que “están paralizando” la gestión. En la conferencia, lamentó que haya “dirigentes políticos incapaces de decir que tienen la autoridad” para imponer su criterio tras ser elegidos democráticamente. Recordó los “problemas” para la “construcción” de la autonomía: “Canarias era una de las regiones más atrasadas desde el punto de vista económico y social, con la mayor tasa de analfabetismo después de Extremadura y una economía liderada por el sector primario, con una industria que no llegaba al 20% del PIB y una economía de servicios aún en desarrollo. Era un riesgo asumir competencias, utopía pura, porque el sistema de financiación era por coste efectivo y no incluía peseta nueva para inversión. Solo cubría gastos corrientes y plantilla de trabajadores”.
En plena crisis laboral vinculada al cierre de tabacaleras, con colegios que se utilizaban “en tres turnos” y profesores “con turnos dobles”, se logró captar a funcionarios de las mancomunidades “con un nivel altísimo” y que aportaron “confianza” en el arranque: “Se ganaron pleitos y se fijaron impuestos”. No existía “vocación autonómica más allá de grupos con esa visión durante la clandestinidad”. La voz en solitario se transformó en un coro.
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