El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió ayer al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que ejecute un “reparto obligatorio” a las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias, a la par que evitó juzgar las palabras de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el supuesto plan del Gobierno de llevar migrantes “de tapadillo” a la Península.
Así lo expresó en declaraciones a los medios después de reunirse en Madrid con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y anunció que a lo largo de la semana reunirá a los portavoces de los grupos en el Parlamento de Canarias para presentarles un decreto ley que después será llevado al Congreso de los Diputados.
Con la medida se buscará que el reparto de migrantes a otras comunidades las lleve a cabo el Estado “acorde a unos criterios” y no en base a la solidaridad de los distintos territorios.
“Ahora mismo Canarias, con 4.700 menores no acompañados, es imposible que pueda garantizar y asumir en solitario atender como se merecen esos niños y esas niñas. Es el Estado el que no puede mirar para otro lado y eludir su responsabilidad”, aseguró Clavijo, recordando que el actual sistema de reparto de menores extranjeros se base “únicamente en la solidaridad” del resto de comunidades.
Por ese mismo motivo, el Gobierno de Canarias exigió al Ejecutivo central que apoye su decreto ley para que “esa solidaridad sea obligatoria” y la distribución de migrantes se haga por criterios de PIB per cápita, de población o de superficie. En realidad, el Gobierno de España está de acuerdo en lo básico con estos planteamientos, como ha aclarado el expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,
Clavijo también insistió en que el Ejecutivo español tiene la responsabilidad de “asumir su liderazgo” y coordinar el reparto de migrantes, porque, según su opinión, cuando los menores no acompañados arriban a una comunidad autónoma “no llegan a España, sino a Europa”.
Eso sí, Clavijo -sin duda en aras de la estabilidad autonómica, dado que gobierna con el PP en Canarias- evitó juzgar “institucionalmente” unas declaraciones de Ayuso en las que aseguraba que Sánchez “utiliza a Canarias como puerta de entrada” a Europa de una “oleada” de migrantes enviándolos “por la noche” y “de tapadillo”, después de que Torres le acusara de “tibieza” y “complicidad”.
“Aquí no hay comunidades buenas, no hay comunidades malas. Aquí hay una situación de desesperación de niños y niñas, que parece que nos olvidamos que son niños y niñas que huyen de violaciones, de muerte, de hambre, de miseria, que vienen y que tienen derecho a tener un proyecto de vida”, afirmó el presidente de Canarias, reiterando así que no iba a “juzgar las declaraciones de la señora Ayuso”.
En lógica consecuencia, en el mismo sentido se pronunció el vicepresidente canario, el popular Manuel Domínguez, que también acudió a la reunión con la CEOE y quitó importancia a las palabras de Ayuso, sosteniendo que la Comunidad de Madrid ha dado “un paso al frente” al aceptar acoger a menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas de Canarias.
“Hoja de ruta”
En cuanto a la reunión que el presidente y el vicepresidente de Canarias mantuvieron ayer con la CEOE, ambos esbozaron una “sintonía magnífica” con Garamendi, con quien definieron una “hoja de ruta” para aunar “sinergias” y que la economía de Canarias “crezca aún más de lo que está haciéndolo en estos momentos”.
Con la previsión de que 2024 sea un año en el que “se avecinen curvas” y siendo conscientes de que Canarias aún no ha recuperado el nivel de turismo que tenía antes de la pandemia, Clavijo subrayó que “el empresario genera empleo, genera riqueza y aporta al Estado de bienestar a través de sus impuestos”.
Domínguez, por su parte, puso “sobre la mesa” algunos de los “elementos diferenciadores” y “ventajas competitivas” del Archipiélago, como su régimen económico y fiscal. Además, manifestó la necesidad de que Canarias sea “un polo de atracción para la inversión extranjera”, ya que a día de hoy solo representa el 0,3% de las cuentas públicas regionales.
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