La sombra de la deuda

Los ciudadanos de este país sufrimos un continuo diluvio de informaciones optimistas -triunfalistas- sobre el estado y la evolución de la economía española. Desde el Gobierno, la inmensa mayoría de los medios y un conjunto variopinto de tertulianos y presuntos expertos, tan sectarios como las cadenas que los acogen, se discute, entre gritos e interrupciones, sobre nuestros parámetros económicos y cuestiones tales como los impuestos, el salario mínimo, las pensiones y demás, en la mayoría de los casos desde el desconocimiento y la ideología más ramplona.
Sin embargo, nadie, ni siquiera algún docente de Economía, alude a un parámetro crucial y decisivo para dictaminar sobre la salud de nuestras finanzas: la deuda pública. Porque las Administraciones Publicas pueden financiar su gasto no solo vía impuestos, sino también emitiendo deuda pública, es decir, operaciones de crédito, préstamos, a corto, medio o largo plazo. Por ese motivo, en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, se incluye un apartado fijo y obligatorio del servicio de la deuda, para abonar los intereses y el principal que venzan en el correspondiente ejercicio. Y la compra o no de deuda pública en los mercados financieros dependerá, como es lógico, de la confianza de los inversores, públicos y privados, en la solidez y la estabilidad de la economía de que se trate, en este caso de España.
Pues bien, la deuda pública española ascendió en octubre pasado a 1,572 billones (miles de millones) de euros, un 4,9% más que hace un año y superior en más de un 112% al PIB español, al conjunto de los bienes y servicios producidos por España en un año a precios de mercado. Y el Tesoro tiene previsto realizar nuevas emisiones netas de deuda por valor de 65.000 millones, junto a la refinanciación de 185.000 millones en vencimientos; de modo que ese gasto improductivo no solo no disminuye nuestra deuda pública, sino que la incrementa y la hace cada vez mayor. Para financiar la política económica temeraria del Gobierno, durante el año 2023 la deuda pública española ha crecido a un ritmo de 8,5 millones de euros cada hora, pero, lejos de reducirla, el Tesoro tiene previsto realizar nuevas emisiones netas de deuda por valor de 65.000 millones, junto a la citada refinanciación de 185.000 millones en vencimientos, lo que nos atrapa en un ciclo interminable de préstamos y de intereses. Y además la condonación de deuda a Cataluña.
Esta situación ha sido fomentada por el Banco Central Europeo (BCE), que ha permitido que los gastos y los intereses se aplacen automáticamente, generando un efecto bola de nieve que compromete nuestra capacidad de pago y nos acerca a una situación de posible default futuro, afectando a nuestra posición de solvencia en el plano internacional. En 2025 el BCE dejará de refinanciar nuestros vencimientos de deuda, lo que nos obligará a acudir a los mercados financieros y demostrar nuestra solvencia; en otras palabras, comprobaremos el grado de confianza que suscita España en esos mercados. Y correremos el peligro de comprobar que la sombra de la deuda pública es alargada y supera lo que el genio político de Pedro Sánchez puede conjurar. Ello a pesar del constante incremento de los impuestos y la persecución fiscal a la que están sometidas la empresa privada y la banca.