Las 90 familias (un total de 210 personas) que fueron desalojadas el martes del edificio Chasna 8, en La Costa del Silencio (Arona), intentaron en las últimas semanas, mediante diversos recursos y escritos en el juzgado número 3 del municipio, paralizar o, al menos, suspender el desahucio. No lo consiguieron, como tampoco fructificaron las gestiones del gobierno local, pero, entre sus argumentos contra la decisión de esa sala, destaca el hecho de que no les consta que exista el informe técnico exhaustivo que, según la documentación de este proceso, se presentó como necesario en 2021, si bien sí hay otros análisis oculares (de la Policía Local y el área de Urbanismo) que recomendaban el desalojo.
El portavoz de los afectados, Eloy Outeiral, considera que se ha procedido al desahucio confundiendo el edifico 8 con el 10 y sosteniendo que los problemas en la estructura y estado de los dos inmuebles eran equivalentes, algo que niega. Los habitantes vivían, desde hace unos 8 años, en el edificio 8 y, según dice, “nadie pudo entrar y hacer un informe en profundidad”.
“No hay un informe sobre la estructura, sino una resolución administrativa para su elaboración. De hecho, nos hemos preguntado todo este tiempo cómo pudieron realizar un informe del número 8 si hemos cerrado ese edificio. Es imposible hacer un estudio a fondo, estructural, apartamento por apartamento y llegando a los cimientos si no pueden entrar. Es que, al principio, cerramos las plantas y, después, la entrada principal, que tuvimos que tabicar y a la que incorporamos una puerta antiocupa (paradoja por la presentación que se hace de ellos como okupas). Primero cerramos los pasillos y nunca nadie pudo entrar desde fuera a controlar el 8; como mucho, pudieron acceder al hueco de la escalera, mientras que sí pudieron entrar al número 10. Sin embargo, no hay informe nuevo, mezclan los dos inmuebles, quieren cortar el edificio… Es todo magia”.
Según la documentación del proceso, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, el informe municipal por el que el juzgado número 3 decide el desalojo como medida urgente y sin posible aplazamiento se emite el 3 de febrero de 2021, casi tres años antes de la resolución. En ese documento, se repasa los antecedentes y se alude a un primer expediente del área de Urbanismo (5/2013), con informes del 24 de marzo y 22 de agosto de 2014. En 2018, se abre un segundo expediente (número 18 de ese año) y se incluye un informe de la sección técnica del departamento del 20 de marzo.
No obstante, la primera inspección no se da hasta el 16 de noviembre de 2020 (aún con la pandemia en pleno auge), cuando la Policía local comprueba “que las actuaciones propuestas para subsanar deficiencias y el restablecimiento de las condiciones de seguridad y salubridad siguen sin ejecutarse” (14 de diciembre).
A raíz de esa visita, se solicita una nueva inspección “urgente” debido a ese informe, pues alerta del “estado deficiente que presenta la edificación denominada apartamentos Chasna A (…) por apreciarse las siguientes circunstancias: estructura de obra abandonada donde se han construido varias viviendas, aproximadamente unas treinta, por personas sin recursos. Debido al paso de los años y el abandono, presenta síntomas de deterioro estructural, pudiendo suponer riesgo para las personas (…)”.
ANÁLISIS OCULARES
El 29 de enero de 2021, se produce una visita de inspección y, tras un análisis “ocular y preliminar, se observó (…) que los forjados presentan fisuras en sus recubrimientos, en la posición de las armaduras, claramente indicativas de su avanzado proceso de corrosión-oxidación. En muchos casos, el hormigón de recubrimiento está totalmente desprendido, la armadura expuesta, deshojada y sensiblemente disminuida de calibre por la oxidación, caídas de los elementos de recubrimiento. Así mismo (Sic) se observa en varias partes de los forjados la caída de las bovedillas”. Además, se indica que “el forjado de (la) planta sótano presenta bastante disgregación del hormigón, permaneciendo en zonas solo el árido. Se observa(,) en varios bolados, un grave deterioro de sus elementos portantes, con oxidación avanzada de sus armaduras, flechas y deformaciones acentuadas, desprendimiento de recubrimientos, cascotes y tejas”. Asimismo, se alude a “una lámina metálica dispuesta en la línea de pilares de planta baja, desconociendo si se ha dispuesto a modo de refuerzo. La parte posterior de la edificación ha sido cerrada prácticamente con tabiquería y carpintería y adecuado (a) para vivir, albergando un gran número de personas”.
Este informe concluye que se necesita “llevar a cabo ciertas actuaciones (…) tendentes a restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”. En aras de salvaguardar la integridad de las personas, se le da 72 horas a la propiedad para desalojarlas e “impedir el acceso a la edificación, debiendo disponer los medios que restrinjan el paso a las personas (vallado) y la señalización en el perímetro de la misma que advierta del peligro”.
Entre las medidas propuestas, y esta es la clave para los desalojados, se apunta a la necesidad de “un estudio por parte de técnico competente sobre las condiciones de seguridad estructural de las edificaciones. Dicho estudio deberá proponer todas las intervenciones necesarias para garantizar las debidas condiciones de seguridad y estabilidad del edificio, dichas medidas se incorporarán, como parte de su objeto, al proyecto técnico que debe redactarse”.
Los afectados tienen claro que ese informe no se elaboró o, al menos, incorporó ni tampoco el proyecto, aparte de insistir en que se mezclan los dos edificios. El consistorio cree que el informe de 2021 es concluyente. De hecho, detalla las obras, las calcula en 25.000 euros, recomienda un plazo de 2 meses por su “complejidad técnica” y considera “acreditado que el inmueble no presenta las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”.
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