El comité de la huelga que perdura desde hace más de dos meses en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto celebrar hoy una reunión que se antoja clave con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León.
El objetivo de ambas partes es obvio: terminar con una protesta que comenzó el pasado mes de febrero y que aspira a finalizar con los escándalos que, desde hace años, han tenido como protagonista a dicho instituto.
Pese a su buena disposición, los miembros del referido comité de huelga tienen previsto insistir en dos condiciones claves para poner fin a las protestas y devolver la normalidad a dicho organismo, cuya función es fundamental tanto para la propia administración de justicia como para la labor que llevan a cabo las fuerzas de seguridad y para los particulares que, lamentablemente, tengan que recurrir de sus servicios.
Tales condiciones pasan por el definitivo apartamiento de sus funciones del actual director del IML, Jesús Vega, así como la depuración de las posibles responsabilidades sobre las supuestas irregularidades que han denunciado, algo que, por otro lado, de por sí exige el ordenamiento jurídico vigente en España.
Del enconamiento en que ha derivado esta reivindicación de los trabajadores da cuenta el hecho de que la totalidad de forenses del IML de Santa Cruz de Tenerife afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT) han optado por cursar la baja de dicho sindicato “debido a la actitud de desatención y pasividad mostrada por este sindicato en relación a la huelga secundada por la mayoría de los médicos forenses”, tal y como sostienen en un comunicado donde añaden que “resulta incomprensible que, mientras el resto de sindicatos de Justicia están denunciando las irregularidades del IML y su mala gestión, UGT haga caso omiso a la amplia documentación que se le ha facilitado sobre ello”.
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