Canarias busca aliados en la UE para limitar el acceso de foráneos a la vivienda

De promover la radicación de los llamados nómadas digitales a embarcarse en el formidable reto de conseguir que la Unión Europea conceda al Archipiélago una excepción a uno de sus principios fundamentales, como es la libertad de residencia entre los países miembros. Es el notable giro político que anuncia el Gobierno de Canarias mediante su presidente, Fernando Clavijo, quien ayer dio un paso más en su anunciada intención de pasar de las palabras a los hechos tras el clamor popular manifestado en las calles el mes pasado. Su objetivo, en este caso, pasa por limitar el acceso a la vivienda por parte de foráneos, aunque provengan de países de la UE.
Para ello, Clavijo anunció ayer, en Fuerteventura, que ha pedido a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM) que se celebre un foro monográfico en Bruselas para hablar de la saturación demográfica en zonas turísticas. La CRPM es un organismo de la propia UE que reúne a unas 150 regiones marítimas y costeras pertenecientes a 24 de los 27 países miembros y de la que Canarias forma parte.
Aunque el presidente hizo referencia a que dicho debate se centre en tal saturación demográfica, a continuación desveló que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico ya trabajan en fundamentar una posible reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las Islas, algo que solo Bruselas puede otorgar dados los compromisos internacionales adquiridos por España por su adhesión a la UE.
Como ejemplos para argumentar una excepción de tales características, Clavijo citó dos casos, pero recordó que los territorios comunitarios que cuentan con tales limitaciones ya lo habían regulado antes de su ingreso en la Unión Europea.
Seguramente, el caso más similar a Canarias es el de la isla mediterránea de Malta (algo más de medio millón de habitantes), que entró en la UE en 2005 y que, en la negociación y acuerdo posterior, añadió una disposición que impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en su territorio a no ser que sean residentes en ese país durante más de cinco años.
El otro precedente son las islas Aland (menos de 30.000 habitantes), para las que Finlandia aseguró dicho control en su negociación para adherirse al Tratado.