La Zona Especial Canaria (ZEC) es un área de baja tributación creada en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) con la intención de promover el desarrollo económico y social de la región y diversificar su estructura productiva. Fue autorizada por la Comisión Europea en enero del año 2000. En sus comienzos, el disfrute de los beneficios de la ZEC se extendió hasta el 31 de diciembre de 2008. El BOE publicó el 28 de diciembre de 2023 el real decreto ley 8/2023, que establece la vigencia indefinida de la ZEC y de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias). Suprimido el límite temporal de la legislación española (con una revisión cada seis años), la duración depende exclusivamente de la normativa comunitaria (como todos los incentivos fiscales de Canarias).
El Consorcio de la ZEC es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios con plena capacidad pública y privada, adscrito al Ministerio de Hacienda y con participación del Gobierno autonómico, cuya actividad “se centra en supervisar y asesorar a las entidades, así como promover y facilitar los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la zona especial”. Su actual presidente es Pablo Hernández, que tomó posesión del cargo el 18 de febrero de 2021 en presencia de la ministra. María Jesús Montero abogó por “reavivar las ventajas” de la ZEC “para que todos los sectores que se puedan acoger se sientan llamados” en un momento “delicado”, entonces, por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Hernández urgió la adaptación del REF, al objeto de que “siga haciendo su función de garantizar la cohesión social y territorial”, y una simplificación administrativa por la “doble aduana” que condiciona la implantación de empresas a la hora de importar equipos o maquinaria: “La ZEC y el REF forman parte esencial del modelo de Estado de bienestar español en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque sirven a los fines de cohesión social y territorial, igualdad y desarrollo socioeconómico, y no son ajenos al carácter evolutivo del modelo político, social y económico. Determinan el modelo de España que hemos querido, tratando de paliar la lejanía, la insularidad y la fragilidad económica y medioambiental con incentivos sociales y económicos. La función política del impuesto no se ejerce únicamente desde el lado del ingreso, sino también desde los incentivos fiscales y desde el gasto”.
El 12 de abril, en la comisión parlamentaria, Pablo Hernández dejó constancia de que el incentivo fiscal por sí solo no atrae. Resulta fundamental, expuso, “disponer antes de un ecosistema, clientes y proveedores, talento y financiación”.
La ZEC es uno de los instrumentos del REF, “una de las herramientas centrales”, traslada Hernández a DIARIO DE AVISOS. Consta de dos partes: la económica, de incentivos, y la fiscal (el IGIC y todo lo relacionado con los impuestos). “Dentro de los incentivos, para paliar las eficiencias de la economía canaria, los más potentes son, sin ningún menos cabo del resto”, la Reserva para Inversiones en Canarias, “orientada más a los empresarios ya establecidos, aunque la pueden obviamente aplicar los que vienen y se acaban de establecer por primera vez”, y la ZEC, que constituye “el elemento estrella del REF para la atracción de inversión y diversificación de la economía canaria, a través de diversos mecanismos fiscales que hacen que las empresas establecidas puedan ganar más dinero, pagar mejores salarios o abonar más a sus proveedores; ser más competitivos a nivel global”.
A diferencia de la ZEC, las zonas francas se refieren exclusivamente a los impuestos indirectos (el IGIC, en Canarias, o el IVA) y a los aranceles: “Es un área acotada; un polígono, básicamente. Lo que te permite es trabajar ahí sin cargas fiscales y luego reportar la mercancía a cualquier lugar”.
En España únicamente existe esta zona especial: “En otras partes de Europa hay alguna, pero es bastante más limitada que la de Canarias. Son polígonos cerrados, están más acotados y son menos flexibles. Con la flexibilidad y la potencia de la Zona Especial Canaria, que se ha permitido al ser islas con la condición de región ultraperiférica, en la Unión Europea solo está la ZEC”. Se puso en marcha en el año 2000: “Empezó siendo exactamente la zona acotada, un área, posteriormente se amplió y, recientemente, sin el límite temporal, que también se eliminó. La ZEC ha experimentado una evolución bastante significativa. El primer hito llegó en 1994, cuando se intentaba crear una zona offshore [extraterritorial] para bancos, entidades financieras. Un paraíso fiscal, en definitiva. La Comisión Europea lo rechazó y lo que autorizó en el año 2000 fue una zona especial legítima, no un paraíso fiscal, basada en sustancia. La característica fundamental de un paraíso fiscal es que son sociedades de papel, materia financiera. Esa fórmula está prohibida para Canarias desde el 94, y en el 2000 se nos concedió una zona para actividades tangibles. Bajar la imposición a cambio de actividades tangibles es legítimo, los estados son soberanos en hacerlo”. Al principio era una superficie reservada, en distintas islas, en la que se realizaban actividades tangibles. En sus inicios, reseña Pablo Hernández, “se vio con cierta frustración, porque no se podía competir con países muy agresivos”. Con el devenir de los años, añade, se ha ido extendiendo: “Se quitó el requisito del espacio y se expandió al conjunto de Canarias. El abanico de las actividades fue desplegándose. Además de las tangibles, servicios, informática… A día de hoy se permite cualquier actividad menos las que son particularmente susceptibles de fraude fiscal, como las financieras y las aseguradoras. Tampoco caben las que hay de sobre en Canarias, tales como establecimientos alojativos, restaurantes, cafeterías y tiendas al por menor. Con todos los cambios mundiales que ha habido en los últimos años -los planes de la OCDE y de la Unión Europea-, resulta que nos favorece, porque están primando todos los incentivos fiscales que se basan en sustancia. Eso está perjudicando o está cerrando los tradicionales paraísos fiscales, y eso está propiciando que Canarias sea más competitiva”.
Las empresas de la ZEC superan en la actualidad las 850. A 31 de marzo de 2024 se habían rebasado los 11.000 empleos vivos. “¡Un éxito!”, exclama Hernández. “Son puestos de trabajo notoriamente distintos a los que abundan en la economía canaria. Ni turismo ni construcción ni financieros ni al por menor ni hostelería. Son tecnológicos, audiovisuales, marítimos, de renovables… Ganan de media 29.000 euros anuales, unos ingresos muy por encima del promedio salarial en Canarias”.
En 2022, el último año cerrado, las empresas de la ZEC facturaron 3.000 millones de euros. Se calculan que equivale en torno al 1,5% de la demanda agregada bruta regional: “Una contribución relevante y reveladora”. La ZEC debe hacer la actividad efectivamente en Canarias, en contraste con el paraíso. Por consiguiente, el incentivo fiscal se circunscribe a eso.
El portal canariaszec.com recoge que las sociedades estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades vigente en España a un tipo impositivo reducido del 4%. “Los dividendos distribuidos por las filiales a sus sociedades matrices residentes en otro país, así como los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios y las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidas sin mediación de establecimiento permanente quedarán exentos de retención. Esta exención se aplica a las rentas obtenidas por residentes en cualquier Estado cuando las rentas sean satisfechas por una entidad ZEC y procedan de operaciones realizadas material y efectivamente en su ámbito geográfico”. La fórmula quiebra si desde la residencia fiscal de la matriz no se comparte la información tributaria.
Alta tecnología, colágeno, producciones audiovisuales y otros cometidos punteros
Para inscribir un proyecto empresarial en el régimen de la ZEC habrá que presentar ante el consorcio “una solicitud de autorización previa y una memoria descriptiva, en el modelo normalizado”. Se acompañará, al menos, de “una copia de los documentos identificativos del solicitante”; la acreditación de “haber constituido depósito o aval en garantía” de la tasa; “el perfil profesional o empresarial y de la capacitación técnica de la plantilla que se prevea contratar”, y “una carta de solvencia bancaria”. Previo informe de la Comisión Técnica, el Consejo Rector “procederá a otorgar o denegar la autorización, de forma expresa, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción” de la correspondiente petición.
Entre las empresas instaladas, Atos es un gigante internacional en transformación digital, con 95.000 empleados. Hace poco contrató a más de 300 profesionales para el centro de Tenerife (hasta los 1.500). Lleva la tecnología del Metro de Londres, de los Juegos Olímpicos y de Airbus. Participada por Intel (el mayor fabricante de chips del mundo), Wooptix está especializada en metrología de semiconductores. La informática de IKEA para prácticamente todo el mundo se hace en Gran Canaria. En el puerto de La Luz se elabora colágeno, con los restos de las pieles de pescado, como complemento alimenticio y reparan los motores de las plataformas petrolíferas del Atlántico. El sector audiovisual aportaba 11 empresas en 2009, que se elevaron a 63 en 2024, de 35 a 597 trabajadores: 335, de animación; 111, de imagen real y 37, de efectos especiales.
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