La desmesura del Ministerio de Hacienda, desorbitando la petición de penas en determinados casos, como si se tratara de una campaña para meter miedo a los contribuyentes, no es de hoy. Comenzó, hace años, con Lola Flores, y prosigue ahora con Ana Duato, para la que piden 32 años de cárcel por presunto fraude fiscal. Ya puestos, ¿por qué no la prisión permanente revisable? Hay asesinos de ETA con menos años de prisión y un conductor borracho, que matara a dos niños en un paso de peatones, recibiría una petición del fiscal bastante menor. Tengo un par de amigos que son inspectores fiscales. Y entre los inspectores fiscales, como entre los periodistas, los hay listos, tontos, soberbios, humildes, autoritarios normales y autoritarios del orto, que diría un argentino. Seguro que es legal la petición, pero desorbitar la petición de penas le proporciona a la Agencia Tributaria mucho ridículo y ninguna autoridad. Hace años, otro entusiasta ministro, Cristóbal Montoro, pensó que todos los que firmábamos en periódicos y revistas, hablábamos por la radio y aparecíamos por las pantallas de televisión éramos millonarios. Y se cebó con nosotros, con todo el ventajismo que supone considerar que el contribuyente no posee, inconstitucionalmente, la presunción de inocencia y tiene que pagar primero y pleitear después. Por cierto, es una vergüenza e injusticia que sólo puedan recurrir los que, de verdad, tienen mucho dinero, que les permite soportar el largo proceso y, encima, Hacienda pierde el 65% de los juicios. No conozco a Ana Duato, pero le deseo suerte y, estadísticamente, espero que le haya tocado ese tipo de inspector que aúna torpeza y autoritarismo.
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