Canarias carece de un protocolo que permita actuar ante casos de mutilación genital femenina, práctica que sigue vigente en países como Gambia, donde se prohibió en 2015 y donde se pretende volver a permitir, según ha denunciado una “niña salvada” en las I Jornadas sobre Derechos de las Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género.
Aissata Touré, de origen mauritano y que en la actualidad tiene 24 años, si bien llegó a Gran Canaria con 8 gracias al visado por reunificación familiar que logró su madre, afincada en la isla desde varios años antes, ha intervenido este jueves en estas jornadas, promovidas por Casa África y la Delegación del Gobierno en Canarias, en representación de la Asociación Intercultural de Mujeres Mauritanas Dimbe, que lucha contra la mutilación genital femenina.
Touré ha contado a los periodistas que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades españolas, como la catalana o la gallega, en Canarias no existe un protocolo “real” que permita actuar ante la detección de casos de mutilación genital femenina.
La representante de esta entidad, a la que su madre considera una “niña salvada”, ha recalcado que la barrera idiomática y la falta de información impide a las mujeres víctimas de esta práctica nociva visibilizar su realidad.
“No pueden o no quieren ir al médico por el idioma o por el miedo a ser juzgadas o a que no las atiendan como es debido porque los médicos no saben mucho de la mutilación, de sus secuelas físicas y psicológicas a largo y corto plazo”, ha referido.
Aunque ha asegurado que en Canarias no se practican este tipo de mutilaciones, esta joven, que lucha por las mujeres que lo han sido o las que están en riesgo de serlo, las niñas, asegura que muchas “las traen de vuelta” de sus países de origen cuando van de vacaciones.
Por ello, recalca que a estas niñas se les puede ayudar “con mucha sensibilización para que las familias que estén aquí y también las que están en sus países de origen quieran parar la práctica, que es muy nociva”, ya que se dan casos de que “aunque una parte no quiera, la otra va a querer seguir haciéndola, ya que hay mucha presión familiar”.
El problema de Canarias, ha dicho, es que no tiene protocolo de actuación y aunque se pueda detectar, no se puede actuar.
Ese protocolo, ha explicado, permite tener acceso a un “pasaporte de visita” y propicia que la Policía pueda notificar “que la niña desde España no ha sido mutilada, pero que si volviera mutilada los padres se enfrentarían a una pena de cárcel de entre seis y doce años”.
Además, de existir este protocolo, estas niñas estarían sometidas a revisiones médicas en Pediatría, en el caso de ser menores, lo que implicaría que esos médicos “estuvieran formados para saber atenderlas”, para lo que Dimbe ofreció en 2023 charlas con este fin en todos los centros de salud de Gran Canaria.
“Ahora los médicos están más concienciados y, por ejemplo, cuando una mujer da a luz se notifica que ha dado a luz a una niña y, según su país de origen, se advierte de que esa niña está en riesgo de ser mutilada y se incorpora a su historial médico”, ha detallado.
Dimbe lucha por que se siga formando al personal sanitario en Canarias para mejorar la atención a las mujeres víctimas de mutilación genital femenina y por conseguir frenar esta práctica.
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