Financiación autonómica

En 1979, cuando se aprobó el Estatuto de Sau, ya contenía un anuncio sobre la financiación, referente a que la participación de la comunidad autónoma en los impuestos estatales se hiciera sobre lo recaudado en Cataluña. Esa era la primera noticia del sistema fiscal pretendido por esa región que venía en el proyecto redactado en el parador de Sau. En ese verano asistí a unas jornadas organizadas por UCD, en Aravaca; que coincidían con la remisión al parlamento del texto catalán. Allí se escuchó la voz de Juan Quintás Seoane, un político y economista gallego que esa mañana había publicado en El País un denso e interesante artículo sobre el asunto, en el que se decía que los impuestos generados en esa región serían trasladados al consumidor final, el resto de España, quebrando el principio constitucional de solidaridad declarado en el artículo 2. Lo denominaba la Tercera Vía. Aquella propuesta estatutaria fue rechazada en el trámite parlamentario. Después vinieron otras medidas, como el café para todos, de Clavero Arèvalo, las leyes de armonización y la aprobación del 151 para Andalucía. Desde entonces, comenzó el debate que nos ha traído a la situación actual. Hemos llegado al desequilibrio solidario, pero no por una evolución de la política económico financiera, sino por una serie de cesiones vergonzantes para conseguir trabar una mayoría parlamentaria. Hay que preguntarse si era necesario entregar tanto a cambio de algo tan extremadamente particular. El Estado se quiebra mientras los partidarios de los distintos sectores ideológicos aplauden con las orejas. Las cosas han cambiado mucho y los intereses particulares se anteponen a los generales. Es una nueva forma de entender la democracia. Teníamos unos principios pactados por todos para garantizar el mínimo funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, pero se ve que ya no sirven, que ya no son necesarios. Esto lo podría entender un socialista, un liberal o un conservador.