La amnistía

Ocurre que no es la primera vez que se aplica la amnistía en España. Ha ocurrido y por motivos precisos. Por ejemplo, la primera de 1832 a favor de los reos del Estado por el periodo absolutista; o la de 1837 por la primera guerra carlista; o “la amnistía general completa” de 1860 en favor de los sentenciados por el régimen; la de 1869 por el sexenio democrático; y la de 1977, que reparaba los supuestos delitos atribuidos a los disidentes en el régimen de Franco. La amnistía es una concesión que administra el Estado para hacer frente a los agravios históricos que han sufrido muchos de los ciudadanos del país. Por eso, lo que plantea la derecha y la ultrederecha española (algunos jueces incluidos), frente a la actitud del presidente Sánchez ahora, confía en su fundamento; es decir, es ilegal, no viene al caso porque el rescate es particular y no general. O lo que es lo mismo, los catalanes juzgados al respecto no lo son por encontronazo político alguno, lo son por el “delito”. Lo cual lleva a la pregunta apodíctica frente a la derecha, a la ultraderecha y a los jueces señalados: ¿jugaron políticamente en su posición los independentistas catalanes con mayoría en el Parlament cuando decidieron lo que decidieron? En el estricto sentido del término, sí, eran políticos legítimamente elegidos para la labor y, por ello, actuaron contra la razón centralista. Por eso, lo que consigna la amnistía de Sánchez no es tanto el delito que cité, sino dar pábulo al craso error institucional de los acusados. De donde lo que resulta es lo que la historia constata. Los del PP, con el preclaro Rajoy a la cabeza, han sido los seres de este mundo que mayor cantidad de independentistas catalanes han fabricado, con la ayuda del Tribunal Constitucional que controlaban. Así, del 30% se pasó a casi el 50%. Quiero decir: si en Canarias hubiésemos padecido semejante oprobio, hoy yo sería un independentista radical. Y eso ha conseguido cambiarlo Sánchez con su actitud: después de muchísimos años, el nacionalismo no es mayoritario en el Parlament. ¿Qué queda? La aplicación. Con la sombra de lo que sucedió; lo que en España no se ha hecho frente a lo que hubiera ocurrido para la ocasión en otro país federalista como EEUU o Alemania. Otro gallo hubiese cantado. Por eso, porque las cosas ocurren aquí, el digno Carles Puigdemont alza el grito: el tribunal correspondiente no le aplica la amnistía. Y esta sí que es una cuestión de equilibrio. Pues el que lideró la estrategia unilateral de la ruptura no dio la cara (como los que visitaron la cárcel) y se arrimó al exilio para dar amparo al legítimo y perpetuo president. En todos los casos, la desmesura y el descaro imperan. ¿Puede amnistiarse a un desertor, a un conspirador y a un cara dura? Ese es el nudo; es difícil concebir la ley en favor de los aprovechados, petulantes y cobardes.