Cuando apenas quedan unos días para la celebración de una cumbre que se antoja trascendental para que las administraciones españolas cumplan con su responsabilidad y acudan en auxilio de Canarias, que hasta ahora afronta prácticamente en solitario la acogida de miles y miles de menores migrantes no acompañados llegados a través de la mortífera ruta atlántica, el Partido Popular volvió a sembrar de dudas ayer el éxito de la misma con las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, quien recurrió al más burdo y claro populismo a la hora de reclamar la intervención de la Armada para impedir este flujo de migrantes.
Se trata de una propuesta absurda porque, como explicó hace ya cuatro años el entonces almirante jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Teodoro López Calderón, quien, cuestionado al respecto, recordó que “si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría”. Más allá de esto, lo inoportuno de las declaraciones de Tellado se acentúa precisamente en que estamos en vísperas de esa Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el próximo miércoles, día 10, en Tenerife.
DISTRIBUCIÓN
En esa reunión, a la que se espera acudan los responsables autonómicos de procurar el bienestar debido a los menores de edad, está en juego nada menos que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el central gracias a un frente institucional liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el propio presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo. El objetivo pasa por coordinar la distribución de dichos menores entre los distintos territorios, para lo que habrá que modificar la Ley de Extranjería, dado el rotundo fracaso del modelo aún vigente, fundamentado en una solidaridad que ha brillado por su ausencia desde la gran mayoría del resto de comunidades.
Y para que esa cumbre tenga éxito y España cumpla con sus obligaciones sobre los derechos de la infancia, es fundamental que el Partido Popular anteponga su condición como uno de los pilares políticos fundamentales del actual Estado de Bienestar, pese a las amenazas de sus socios de ultraderecha, que amagan con romper los acuerdos gubernamentales de PP y Vox en las regiones de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia si acuden en auxilio de la crisis humanitaria que se padece actualmente en el Archipiélago.
Como ha recordado esta misma semana el presidente Clavijo, los menores migrantes no acompañados son niños y niñas, “no son botellas, no son bultos; se trata de un problema humanitario y no territorial”.
La semana que viene se sabrá quién está a la altura y quién no.
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