Nada menos que un total de 27.345 canarios se han inscrito en las solicitudes para acceder a una vivienda protegida, ese derecho consagrado por la Carta Magna aprobada por la mayoría de los españoles allá por 1978 y refrendado por el propio Tribunal Constitucional recientemente, en una cuestión que, por culpa del desmadre existente en el sector dada la falta de control institucional, se ha convertido en el principal problema social de comunidades autónomas como la canaria, incluso por encima del crónico desempleo que sufren los isleños. Todo ello, pese a que los ayuntamientos de Canarias conocen de sobra cómo ha ido aumentando esta crisis desde hace más de un lustro, casi un decenio, y así lo han manifestado los vecinos que desde entonces acuden de forma mayoritaria en busca de ayuda a su administración local más cercana.
Sea como fuere, son nuevos tiempos y urgen soluciones de emergencia como las aprobadas por vía decreto recientemente desde el Gobierno de Canarias, de tal modo que, respecto a la burocracia que obstaculiza la concesión de estos derechos, ha pasado la pelota a la azotea de los municipios, porque -en la práctica- ahora basta un acuerdo plenario municipal para liberar el suelo necesario.
Es imprescindible recalcar que, más allá de las cifras, hablamos de nada menos que 27.345 proyectos de vida por parte de otras tantas familias canarias (de las que más de la mitad corresponden a residentes en la Isla de Tenerife), un recordatorio que sin duda ayuda a entender la magnitud del problema.
De la importancia del decreto ya aprobado el pasado febrero por parte del Gobierno de Canarias sobre medidas urgentes en materia de vivienda da cuenta, por ejemplo, el hecho de que a partir de entonces se ha terminado la práctica de que las viviendas protegidas terminen siendo propiedad del beneficiario aunque su situación económica prospere, tal y como ocurría hasta entonces.
Es más, la política de vivienda gubernamental pasa ahora por una simplificación enorme de la burocracia necesaria para materializar lo legislado en hechos concretos, por cuanto -entre otros aspectos- también se incrementa el precio del módulo por metro cuadrado que se pagaban al promotor en un 40% en los requisitos a los que en realidad priman en el mercado, anteriormente fijados entre los más bajos del país y, desde luego, eran absolutamente ajenos a la crisis habitacional actual porque espantaban a la inversión privada con unas cifras que disuadían a la misma por su nula rentabilidad.
Pero hay más. Hasta el pasado mes de febrero y para la solicitud de una vivienda protegida, se pedía como requisito que el peticionario percibiera apenas un 1,5 del llamado Iprem, siglas que responden al llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es el índice de referencia en España para calcular el umbral de ingresos, sustituyendo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el 1 de julio de 2004, que, desde entonces, se utiliza exclusivamente en el ámbito laboral. Como quiera que el Iprem de 2024 está fijado en 600 euros, hablamos de que no se podía ingresar más de 900 euros.
Ahora, desde el pasado febrero tan irreal como obsoleto límite se elevó al 2,5 del Iprem, pero hay en trámite una nueva reforma gubernamental que eleva dicho tope del 2,5 a hasta cinco veces dicho Imprem, lo que sitúa a unos 1.500 euros, sin duda un registro mucho más ajustado al mercado actual de vivienda.
En cuanto a la burocracia, la simplificación es enorme, porque el trámite se limita a tres pasos: Aprobación por un acuerdo plenario del Ayuntamiento de turno y la consiguiente georeferenciación del suelo en cuestión y, tras comunicarlo al Instituto Canario de Vivienda (Icavi) para obtener la autorización para ello.
Hay que tener en cuenta que hace falta actuar de urgencia ante la crisis habitacional que sufren tantos miles de canarios, por cuanto en la anterior legislatura apenas se aprobaron 24 viviendas públicas, mientras que en el decenio anterior, sencillamente, se ignoró semejante crisis habitacional, con cero nuevas viviendas.
Más de la mitad de los solicitantes son de Tenerife
Según los registros a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS respecto a los solicitantes de vivienda protegida inscritos por Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, más conocido por su acrónimo Visocan, más de la mitad de los demandante oficiales de una vivienda protegida en el Archipiélago existentes en la actualidad son residentes en la Isla de Tenerife, por cuanto de los 27.345 que figuran en su totalidad, hasta 14.917 provienen de la Isla Picuda.
De dichas cifras, también se desprende que los municipios más tensionados por los que respecta a Tenerife por la actual crisis habitacional que sufren los paisanos son, por ese orden, los dos más poblados desde la perspectiva oficial, como son Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, seguidos de dos municipios sureños: Granadilla de Abona y Arona.
En concreto, los solicitantes desde la capital son 4.365, mientras que en la Ciudad de Los Adelantados hay hasta 2.669. En cuanto a las referencias de la comarca chasnera, de Granadilla provienen 1.155 y de Arona 1.144.
De cualquier modo, hay que tener siempre en cuenta el desfase provocado por las instituciones a la hora de dotar de las debidas infraestructuras públicas a las zonas de turísticas de Canarias, de tal modo que siempre hay que poner en duda los registros poblaciones oficiales de dichos territorios, evidentemente mayores por la población irregular derivada del imán que supone la actividad económica en las mismas, no en balde supone más de un tercio del Producto Interior Bruto del Archipiélago (PIB) sin que ello se refleje en las necesarias dotaciones públicas a tal volumen de residencia, por temporal que sea.
Sea como fuere, el desglose del registro en cuestión arroja más datos de interés. Por Islas, y aparte de los 14. 917 referidos provenientes desde Tenerife, figuran igualmente 9.060 desde Gran Canaria, así como 1.793 procedentes de Lanzarote, otros 923 desde Fuerteventura, 542 de La Palma, 91 desde La Gomera y los 18 restantes que provienen de El Hierro. No constan desde La Graciosa.
A este respecto, es menester apuntar que, en comparación demográfica, sigue llamando la atención lo profundo de la crisis poblacional que se sufre en las islas más orientales, cuyo desmesurado crecimiento residencial está, obviamente, teniendo consecuencias en los problemas para acceder a una vivienda digna.
Otro dato nada baladí radica desde la perspectiva sobre la vivienda que se reclama, por cuanto de los 27.345 demandantes canarios registrados, un total de 10.961 optan por una vivienda protegida pública de alquiler, mientras que 9.058 aspiran a una privada en propiedad y otros 7.001 es respecto a una privada de alquiler, mientras que los 325 restantes que pretendían una vivienda pública en propiedad tendrán que corregir la solicitud (o hacerlo de oficio las administraciones de oficio), por cuanto en la práctica y desde la entrada en vigor del Decreto 1/2024 publicado por el Gobierno de Canarias ya no existe la opción de viviendas públicas en propiedad, como antaño.
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