Como si la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) hubiese sufrido graves problemas de comunicación durante su cogobierno con el PSOE desde 2019, el documento que ha suscrito con el PP y CC para censurar, este viernes, al alcalde Marco González aborda con detalle la política de prensa, redes sociales, publicidad e imagen del nuevo pacto. Tanto, que la ubican al principio de un documento de 25 páginas, ocupa un total de cinco (de la 6 a la 10, ambas incluidas) y se antepone a las actuaciones de cada área.
Esas páginas siguen al objetivo principal del acuerdo, concebido como de “emergencia política” para la ciudad, al reparto de áreas, las tenencias de Alcaldía, cómo procederá la mesa del pacto y el modo en que se aprobarán los presupuestos hasta 2027. Pero llama la atención (aunque ACP ya lo hizo con el PSOE) que, inmediatamente después y antes de concretar las acciones por concejalías, ya esbozadas en la rueda de prensa del viernes 2 de agosto, se detengan en una política de comunicación que, por lo que le consta a este periódico, creó fisuras y diferencias entre el PSOE y ACP en los últimos cinco años. De, ACP cree que resultó clave en los resultados de 2023, cuando el PSOE subió casi tres ediles (se quedó a 14 votos: de 8 a 10) y ellos bajaron uno (de 3 a 2).
Eso explica, de nuevo, el nivel de detalle en estas cinco páginas, que incluyen un objetivo inicial en pro de una comunicación de la gestión “equilibrada, en igualdad de condiciones” y fundamentada en un reparto del trabajo y la responsabilidad de cada área y concejalía, siempre en busca de la máxima visibilidad de la labor de todos con medios propios o exteriores. Para ello, creen pertinente crear una “comisión de comunicación” integrada por personal eventual de cada uno de los tres partidos y el coordinador de prensa designado por el nuevo alcalde, Leopoldo Afonso (PP), aunque con unas funciones a especificar entre las tres formaciones. En este punto, hacen aún más aclaraciones, pues recalcan que ese coordinador no tendrá una relación jerárquica con los tres responsables de prensa (uno por partido), que llevarán las redes sociales de sus respectivas áreas, y que todas las decisiones en comunicación se tomarán bajo la premisa del consenso.
El pacto también se refiere al acceso y uso de los perfiles oficiales del consistorio y al de Telegram, dejando claro, de nuevo, “que las tres formaciones se comprometen a no interferir en el contenido y protagonismo del socio de gobierno -en singular, quizás copia y pega del pacto de 2023-, sus áreas y contenido”. Por supuesto, acuerdan no usar los medios locales para cuestiones partidistas o personales, al tiempo que podrán usar sus redes propias para difundir lo que crean de la gestión siempre que haya sido difundido antes por el consistorio.
Consensuan también el uso del correo electrónico local y la comisión de comunicación se reunirá una vez al mes para evaluar las “métricas o contenidos” por áreas o con más antelación si algún socio lo pide. Además, responderán a los comentarios de los vecinos en redes (con potestad para eliminar los insultantes) y los comunicados de cada concejalía no se modificarán por otras partes, salvo consenso general. En aras del “equilibrio”, acuerdan que, como mínimo, haya un 25% de notas de prensa de cada partido a la semana y lo mismo en las redes sociales, el sitio web y su sección de noticias, eventos y otras. Además, se creará una línea gráfica específica para que haya unanimidad en el uso y se consensuará toda la publicidad institucional y programa comunicativo a contratar.
El PSOE indicó ayer a este periódico que, en gran parte, es un corta y pega y censura que ACP pase de 2 a 3 asesores, cargo sobre el que se ha creado una gran expectación en la ciudad
ACCIONES CONCRETAS
A partir del final de la página 10, el acuerdo se adentra en las acciones que, como ya detallaron hace diez días, incluyen la lucha contra los vertidos fecales en el mar y la necesidad “urgente” de dotar de recursos al área de contratación del ayuntamiento, personal cualificado para el archivo municipal y concluir el proceso de estabilización de personal laboral y funcionario. Asimismo, se regularizarán las concesiones ya vencidas, se creará una empresa de integración municipal y se contratará un servicio jurídico externo que asesore, entre otras medidas.
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