Los dos cabildos más importantes de Canarias, como son los de Tenerife y Gran Canaria, no acogen de igual forma la posibilidad de activar una moratoria en las incripciones de las llamadas viviendas vacacionales, cuyo número se ha disparado en las Islas en los últimos años y, especialmente, desde que el Gobierno de Canarias anunció sus planes de reformar la normativa que afecta a este subsector ante la evidencia de que la todavía vigente ha quedado desfasada.
Frente a lo dicho hace días por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), su vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, consideró ayer que sería “poco eficaz” arbitrar una moratoria al alquiler vacacional -solicitada por la propia Federación de Cabildos Insulares (Fecai)- al tener en cuenta que la entrada de la nueva ley en el Parlamento regional es inminente.
Afonso destacó que la nueva norma que propone el Gobierno canario “deriva al planeamiento de los municipios la potestad de autorizar nueva vivienda vacacional”, de forma que, “de facto, se genera una suerte de moratoria que va a propiciar que, en tanto en cuanto no esté modificado y adaptado el planeamiento municipal, no haya más vivienda autorizable”. No obstante, resalta la “buena voluntad” de los cabildos a la hora de “querer frenar el incremento de ofertas”, dado que “es un dato objetivo” que tienen corroborado en el Cabildo y que se debe atender en los próximos meses.
Por el contrario, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, manifestó ayer que, jurídicamente, se puede aprobar dicha moratoria en la concesión de licencias de viviendas vacacionales, medida que también ha sido cuestionada por el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. Para Morales, este paso es “importante en estos momentos en los que se traslada a la sociedad que se va a legislar para poner cotos a determinadas actuaciones”, pues “siempre se produce un boom que distorsiona la realidad y el mercado”.
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