A la vista de los denodados trabajos que el Parlamento Europeo (PE) desarrolló a todo lo largo de las pasadas Legislaturas (2014/2019 y 2019/2024) para poner en pie un Sistema UE de Migraciones y Asilo con un equilibrio aceptable en sus principios de responsabilidad compartida y solidaridad (obligatoria) ante la presión que encajan sus regiones de frontera, resulta, a estas alturas, políticamente inaceptable la cronificación de la situación en Canarias, expuesta a flujos migratorios expelidos por la inestabilidad en el Sahel desde su proximidad a la cornisa africana.
La reciente gira del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por tres países clave de tan problemática región -Mauritania, Senegal y Gambia- expresa la prioridad española y europea: intensificar la cooperación de las autoridades locales y nacionales norteafricanas en la prevención de los riesgos de la mortífera ruta atlántica hacia la UE, ofreciendo para ello incentivos a la contratación en origen y a apertura de canales y de vías regulares a la denominada “migración circular”. Este esfuerzo diplomático tiene pleno sentido y es, además, coherente con lo que la UE contempla como “dimensión exterior” complementaria, aunque diferenciada, del Pacto UE de Migraciones y Asilo. Recuérdese que este Pacto fue aprobado, justamente, en el tramo final de la Legislatura 2019/2024, bajo Presidencia española, superando para ello enormes dificultades, y que su puesta en marcha (Implementation Plan) por la Comisión Europea 2024/2029, conforme a lo acordado por el Consejo Europeo, y una vez obtenida su investidura por el PE, será un compromiso crucial para el presente mandato en las Instituciones de la UE.
Las críticas suscitadas por el viaje, las declaraciones y anuncios efectuados por el Presidente del Gobierno se descalifican solas, más motivadas por el hostigamiento incesante de la mayoría parlamentaria en que se sustenta que en la refutación razonada de las propuestas concretas del Ejecutivo en este ámbito. Nada obsta, sin embargo, a que la situación en Canarias continúe deteriorándose con cada día que pasa, no solo por el incesante impacto de Salvamentos & Rescates por los operativos desplegados en nuestra zona SAR sino por el dramatismo impuesto por la inasumible cifra de menores no acompañados (y, consiguientemente, especialmente vulnerables) -más de 5500-, y el desafío que supone su atención con cargo exclusivo a los limitados recursos de la CA de Canarias (capacidad estabulada de acogida del orden de 2000 menores).
Los antecedentes que explican esta insostenible secuencia son bien conocidos: durante largos meses, el Gobierno de España se ha puesto manos a la obra para pergeñar un instrumento jurídicamente vinculante de solidaridad entre las CCAA con aquellos territorios singularmente expuestos a los tráficos ilícitos y de explotación de personas en la vecindad africana: es el caso claro de Canarias, pero también de Ceuta y Melilla (única frontera terrestre de la UE con África, más cercana y agitada por tensiones demográficas que nunca antes en su historia).
La solución propugnada y negociada por el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, consiste como es sabido, en una modificación del art. 35 de la LO 4/2000, de Derechos de los Extranjeros y su Integración Social, que imponga el realojamiento de menores actualmente hacinados en Canarias entre las demás CCAA conforme a criterios reglados y acordados en la correspondiente Conferencia Sectorial. Llegado el momento decisivo del voto de la oportuna Proposición de LO, su tramitación fue rechazada (Pleno del Congreso de 23 de julio) por una suma de votos de derechas (PP y Junts) y de extrema derecha (Vox).
En varias tribunas he explicado que la Proposición de LO es coherente, en su racionalidad entre fines e instrumentos, con la Solidaridad vinculante que finalmente hemos trabado en el Pacto UE de Migraciones y Asilo: descongestionar los apuros de un territorio de frontera tras operaciones de Salvamento y Rescate para atender con dignidad y respeto a sus derechos a personas arribadas en número masivo y abrupto, con reubicación ordenada de las más vulnerables (menores, mujeres con menores a cargo, víctimas de trata…). ¡Y he argumentado, además, que la negativa del PP a apoyar esta herramienta de solidaridad es del todo censurable e injustificable, por la elocuente evidencia de que, paradójicamente, cogobierna en Canarias con CC -y debería por ello ser parte de la solución, en vez de serlo del problema-, además de gobernar en 11 CCAA y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que no cabe pensar ninguna solución práctica que no implique a sus autoridades activa y cooperativamente!
En una vuelta de tuerca, el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, apela directamente a la Presidenta electa de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, reclamándole un “gesto” (un viaje oficial a Canarias) o que, subsidiariamente, le reciba en Bruselas; y eleva el tono -no es sorpresa, en el estilo de CC- contra el Gobierno de España, cuya visión progresista del factor humanitario no solo inspira sino explica su ingente y perseverante esfuerzo de corrección de la actual saturación de las instituciones (Centros de Atención y Menores) y ONGs sobre el terreno.
La teatralidad de este giro de guión queda de manifiesto, con toda crudeza, cuando se constata, de un lado, que en ningún caso CC ha exigido ni obtenido de su socio de gobierno, el PP, respuesta alguna a su demanda de apoyo (¡el PP gobierna en la mayoría de las CCAA y en Ceuta y Melilla: su voto favorable al cambio legislativo ya habría determinado un cambio a mejor, decisivo, en el actual agobio y sensación de desamparo de los Centros canarios); y cuando se subraya, de otro, que en la ordenación de competencias del Estado autonómico en que se estructura España, la atribución de la responsabilidad en la atención a los menores (art.148.1.20 CE) corresponde exclusivamente a las CCAA, sin que sea “disponible” ni “renunciable” a voluntad, independientemente de la seriedad de los problemas a los que haya de hacer frente individualmente cada CA para cumplir y honrar sus obligaciones indeclinables conforme a la Constitución, su Estatuto de Autonomía (LO 1/2018 EACan) y la LO de Extranjería.
El Gobierno de España – reitera una y otra vez el ministro Torres- no ha perdido la esperanza de sacar adelante la reforma promovida, imponiendo, como es de Justicia, la solidaridad obligatoria entre CCAA para paliar la insostenible secuencia de rescates, salvamentos y arribadas dramáticas a puertos y playas canarias. A la espera de que, en el arranque de esta Legislatura europea 2019/2024, la Comisión Europea se concentre plenamente en la ejecución a fondo (Implementation Plan) del Pacto UE de Migraciones y Asilo, exigiendo a los EEMM el cumplimiento riguroso de sus obligaciones bajo el Derecho europeo legislado por el PE.
- * Eurodiputado socialista, Ponente del Reglamento de Crisis del Pacto UE de Migraciones y Asilo
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