Por DA/Efe.| El Gobierno de Canarias se ha hecho cargo con normalidad y “debidamente” de los 84 menores no acompañados que han alcanzado las Islas durante este mes de septiembre después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, propusiese al Consejo de Gobierno la pasada semana abrir “un debate jurídico” ante la falta de respuestas a su petición de compartir con el Estado la atención de los menores y llegase a sostener que su Ejecutivo no estaba dispuesto a seguir con dicha acogida y amenzar con acciones jurídicas.
Según reconoció ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras celebrarse el Consejo de Gobierno, la Comunidad autónoma tiene la guarda y custodia de los niños y adolescentes y los atiende “con todas las garantías posibles”.
“Se les atiende garantizando todo lo necesario. Seguimos en ese acuerdo y exigimos que, por parte del Estado, cuando se vaya a realizar esa cesión de la tutela a la Comunidad, se haga cumpliendo los protocolos”, resaltó Cabello, que aludió de nuevo al episodio en el que, a su juicio, el Gobierno de España “elevó el tono” respecto a la acogida de los menores en Canarias. Sin embargo, la Fiscalía General de Canarias desmitió cualquier tipo de presión a una ONG en El Hierro en caso de no acoger a estos niños y niñas.
La semana pasada, el propio Cabello hablaba de “un antes y un después” a la hora de gestionar la atención a los menores migrantes que llegan por mar tras denunciar “presiones” por parte del Gobierno de España para hacerse cargo de la tutela de los menores pese a la situación de saturación “absoluta” en El Hierro.
Inversión
Además, el Consejo de Gobierno en Canarias autorizó ayer un gasto plurianual de 2,2 millones de euros para la contratación urgente de personal dedicado a la atención de menores migrantes.
El objetivo de este plan de choque, por el que se contratarán 39 empleados para lo que resta de año y durante 2025, es acelerar todos los trámites administrativos que conlleva la acogida y atención a los casi 5.300 menores migrantes que Canarias tutela en la actualidad y a los que se espera que lleguen en los próximos meses. De esos 39 empleados, 19 serán trabajadores sociales y veinte administrativos.
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