Jueces independientes

El editorial de El País va del discurso de Isabel Perelló en su toma de posesión como presidenta del CGPJ. Habla, al estilo de María Jesús Montero, de lo que dice y de lo que no dice y no se escapa de cierta crítica cuando se refiere a que la última palabra la tienen sus señorías al hacer interpretaciones creativas de las leyes. Este término ha venido siendo utilizado frecuentemente por el rechazo de algunos magistrados a la aplicar la famosa Ley de Amnistía, que parece ser el pilar fundamental de la legislatura, y que según los sondeos no es un asunto que le preocupe a la mayoría de los españoles. Preocupa a quien preocupa y se ha tramitado para lo que se ha tramitado, digan lo que digan los predicadores que se esfuerzan en extraer de la explicación de motivos justificaciones diferentes a las que son. Seguimos con lo mismo. Confundimos a los intereses del Gobierno con los intereses del país y a los ciudadanos con los afectos ideológicamente. Comienza el editorial diciendo. “El necesario respeto a la independencia de los jueces no debe hacer olvidar su deber de ser políticamente imparciales”. Parece que aquí se diferencia a los jueces como individuos de lo que significan por su carácter corporativo. Lo que consagra la independencia de poderes es la no injerencia de ninguno de ellos en el ámbito del otro. Hablar de la independencia de los miembros de la judicatura, tomados de uno en uno, al estilo de Goytisolo, sería como suponer que los señores diputados tendrían que votar en un solo bloque, condicionados por sus tendencias, independientemente de sus conciencias. El ser políticamente imparcial es un deber deontológico al que les obliga su juramento, que se supone que debería estar protegido de los asaltos que plantean las opciones políticas para torcer el sentido de sus decisiones.

En este caso, estaremos ante una situación de cohecho, donde los dos actores, el que presiona y el que se deja presionar, incurren en el mismo delito. No puede ser que ese delito no exista al considerar normal que lo que se defiende es la lealtad a una ideología. Para evitar esta situación, debería añadirse a la exigencia de idoneidad para la elección de los miembros de los tribunales, el estar libres de sospecha de vincularse a una obediencia política, y esto ni ocurre ni se reconoce como crítica ni se echa de menos en el discurso de la señora Perelló. Luego continúa diciendo: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces sobre cómo han de aplicar el ordenamiento jurídico, lo que no puede significar que ningún poder, incluido el judicial, se pretenda blindado a la crítica pública a su labor”. Esta crítica, realizada por miembros del Ejecutivo podría considerarse una presión encubierta sobre el comportamiento independiente de los jueces. Asunto este al que estamos acostumbrados con las descalificaciones, a veces insultantes, de miembros del Gobierno a las actuaciones de algunos jueces y a las resoluciones de algunos tribunales. Se habla también de aplicar un régimen disciplinario, pero no se sugiere a quién debería ser aplicado. En fin, del editorial de El País solo se pueden extraer confusiones, como no puede ser de otra manera en una situación que está pendiente de varias resoluciones judiciales, de las que depende en buena forma la continuidad estable de la legislatura.