El debate sobre la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos de Canarias ha ganado relevancia en las últimas semanas. La propuesta, presentada por el Grupo Socialista Canario el pasado 17 de septiembre en el Parlamento de Canarias finalmente fue rechazada por el Gobierno regional. Ayer, en la cámara regional, se dio otro debate entre oposición y gobierno que ha generado reacciones entre diversos actores políticos, sociales y empresariales.
En las Islas Baleares, esta medida ya se ha puesto en marcha con éxito, logrando una reducción significativa de la siniestralidad laboral, de hasta un 50%. Un informe del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral revela que el 27,25% de los accidentes laborales en el sector hotelero de Baleares los sufren camareras de piso. Es por ello que en junio de este año, se aprobó una segunda línea de ayuda por casi 600.000 euros, destinada a unos 87 establecimientos turísticos, elevando el total de las subvenciones a 4,5 millones de euros.
Los acontecimientos
El pasado 17 de septiembre, el diputado del Grupo Socialista Gustavo Santana, incluía la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo en su discurso, con el objetivo de “modernizar y mejorar las condiciones laborales en el sector turístico”. Además, en este proyecto contemplaba la posibilidad de ofrecer subvenciones a los establecimientos más pequeños, con menos de 50 habitaciones, para facilitar la adopción de estas camas, cuyo coste se estima en unos 1.200 euros por unidad.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), argumentó que esta no era la vía adecuada para abordar un problema que afecta a todo el sector Servicios, y señaló la necesidad de un marco reglamentario más amplio. Los informes de la Consejería de Turismo y Empleo y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto justificaron la no tramitación de esta medida, en parte, por el “sobrecoste” que la medida implicaría tanto para los presupuestos autonómicos como para los empresarios.
En su intervención de ayer en el Parlamento, el portavoz del Empleo del Ggrupo Socialista acusó en el pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de “bloquear” la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso en las islas, tras como él cataloga, “vetar la modificación de la Ley de Turismo para introducir la obligatoriedad de instalar camas elevables en los complejos hoteleros”. Santana destacó que esta negativa es “grave y antidemocrática”. Asimismo, subrayó que “mientras en comunidades como Baleares la siniestralidad laboral ha disminuido en un 50% con la introducción de camas elevables, en Canarias la tasa ha aumentado”.
En respuesta, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, informó de que técnicos de prevención de riesgos laborales ya están inspeccionando 228 hoteles de todas las islas para implementar medidas que alivien la carga de trabajo de las camareras de piso.
De León también señaló que se está realizando un estudio ergonómico cuyos resultados se presentarán al Ministerio de Trabajo, y además expuso que su administración ya suministra 500.000 euros en ayudas destinadas a la adquisición de camas elevables, aunque “su instalación no será obligatoria”.
Este debate pone de manifiesto la actualidad de esta posible implementación en el gremio de las camareras de piso, un colectivo que representa el mayor porcentaje de siniestralidad laboral en Canarias. Por ejemplo, en 2023, más del 30% de los accidentes laborales con baja en el sector de la hostelería afectaron a estas trabajadoras.
Por su parte, José Ramón Rodríguez, director general de Trabajo, en declaraciones a este periódico, ahondó en la idea de que la introducción de las camas elevables está sujeta a un estudio ergonómico y psicosocial que se utilizará como “una guía técnica sobre la planificación del tiempo de trabajo en el departamento de pisos, que evalúa la carga de trabajo de las camareras de piso”. Añadió que el presupuesto de 2024 ya contempla ayudas por unos 20 millones de euros para mejoras en los hoteles, incluida la posible instalación de estas camas, aunque subrayó, como hizo ayer la consejera: “esta no es una subvención específica, ya que cada hotel decide en qué invertir estas ayudas”. Rodríguez destacó, además, la importancia de este análisis ergonómico y psicosocial detallado antes de tomar “decisiones definitivas”.
¿Qué dicen las trabajadoras?
Desde la perspectiva de las trabajadoras, Mónica García, presidenta de la Asociación Kelly Unión de Tenerife, describe la dura realidad que enfrentan las camareras de piso. A sus 47 años, admite estar “reventada” por las condiciones laborales que ha soportado durante años.
Con dolencias constantes como lumbalgia y dorsalgia, dice que al llegar a casa no le queda otra opción que “tirarse en el sofá”. “Te puedes encontrar de todo en una habitación: desde preservativos, hasta compresas usadas, pasando por todo tipo de ropa interior”, describe García al ser preguntada por lo que halla una camarera de piso en una jornada diaria. Denuncia la falta de interés por parte de las administraciones y expresa su escepticismo: “después de tantos años, hasta que no veamos medidas reales, no lo creeremos”.
El colectivo Kellys Tenerife, asociado con Comisiones Obreras, Intersindical Canaria, CGT, Sindicato de Inquilinas y Rebelión Científica, amenazó este pasado sábado con una huelga.
Entre otras demandas, exige la declaración del trabajo de camarera de piso como “trabajo penoso” y la jubilación a los 58 años. También pide más inspecciones de trabajo, la eliminación de la obligación de cumplir con un número determinado de habitaciones diarias, y una reducción de la carga laboral, lo que incluiría la incentivación de elementos como las camas elevables.
El Gobierno regional ha insistido en que no se trata de una cuestión de “voluntad política”, sino de “procedimiento y sostenibilidad económica”. Argumentan que cualquier medida que implique un aumento del gasto público debe estar alineada con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS Santana dijo que la falta de regulación específica “pone en riesgo la salud de miles de trabajadoras”, y considera que esta medida mejoraría tanto “la productividad del sector como las condiciones laborales”. Subrayó que si no ha prosperado, entiende, es por una cuestión “ideológica”.
Con la constante pugna por esta cuestión, queda esperar la posición definitiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la posibilidad de una intervención en uno de los problemas de este gremio.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas