El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, instó ayer al PP a rectificar y volver a la mesa en la que se negocia la reforma de la Ley de Extranjería para la distribución entre todas las comunidades autónomas de los 6.000 menores migrantes que tutela Canarias, “porque el tiempo se acaba” para los territorios frontera. Durante una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, Torres manifestó que la decisión comunicada este sábado por el PP, por la que dio por rotas las negociaciones con el Ejecutivo sobre este asunto, alegando que rechaza la ayuda de la Comisión Europea para gestionarlo, es “inexplicable” y basada en “una excusa peregrina sin ningún tipo de solidez”. El expresidente autonómico aseveró que tanto Migraciones como Interior han recibido “decenas de millones de euros” de la UE para crear plazas para la acogida de migrantes mayores de edad en Canarias y para contratar personal.
Desde Infancia también se trabaja con la CE para los menores no acompañados que piden asilo en el territorio nacional, defendió. Torres retó al PP a decir “cuántas plazas de menores no acompañados ha ofrecido la UE en sus países y ha rechazado España”, para responder que son “cero”. Al respecto, Torres esgrimió que la “solidaridad obligatoria” que establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo se podrá aplicar a partir del verano de 2026, si bien admitió que la situación que viven Canarias y otros territorios españoles que son frontera precisa de soluciones urgentes, que pasan, enfatizó, por modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. En tal sentido, argumentó que ello “cambiaría la tutela, que en estos momentos recae sobre las comunidades, procuraría una distribución de Estado y se respondería como país a este fenómeno con cabeza, poniendo sobre la mesa las plazas que tendrían que tener” cada una.
El ministro incidió en que eso es lo que negocia el Gobierno “desde hace un año” con los partidos y gobiernos regionales, unas conversaciones que mantiene, ya que no abandonará ninguna mesa ni encuentro para buscar una solución a esta cuestión. En consecuencia, Torres pidió al PP que recule, porque, profirió, “se ha equivocado gravemente”, y lo convocó a “retomar la vía de la institucionalidad y de la búsqueda de soluciones”, en lugar de “estar permanentemente en el ruido, la bronca y el enfrentamiento”.
Asimismo, emplazó al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo a “cambiar de actitud, porque siempre surge su negativa cuando se llega casi al final de los procesos”, como cree que ha ocurrido en relación a la crisis migratoria, pero también en relación a la senda de estabilidad o la subida del salario mínimo interprofesional. El ministro negó una vez más que el Gobierno haya “filtrado” información alguna sobre la negociación con el PP acerca de la distribución de menores migrantes no acompañados: en esa mesa se acordó que habría “máxima discreción”.
Torres respondió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “se equivoca” si une los conceptos de inmigración y de delincuencia “como si fuesen un igual”, dado que, rebatió, los inmigrantes han dado “bastante prosperidad” a España. El ministro fue preguntado por las palabras de Ayuso en las que expresó su duda sobre si al Ejecutivo central le interesa “un cambio sociológico inmenso” sin que haya integración: “No comparto en absoluto el mensaje de que la inmigración lleva consigo, como si fuese una mochila, el fenómeno de la delincuencia. Ahí están los datos. Inevitablemente se cometen actos delictivos por las personas, no porque se tenga más un color en la piel que otro”. Deploró los “bulos” y las “mentiras” sobre que los menores migrantes no acompañados llegan a España a delinquir, puesto que “esos jóvenes están meses atravesando África para subir a una patera y hacer un trayecto en el que muchos mueren en busca de una vida mejor”.
En medio de la tensión política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este lunes en la Moncloa a representantes de ONG de inmigración. Estará presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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