El turismo activo se ha ido consolidando como un “componente esencial” del modelo en Canarias por su capacidad para generar empleo, fomentar la sostenibilidad y diversificar la oferta, reseña Activa Canarias.
No obstante, la asociación advierte de que se enfrenta a “obstáculos críticos” como el intrusismo, el cierre de espacios naturales sin consenso y las alertas recurrentes. “Hay una fuerte competencia desleal por parte de empresas no acreditadas”, recalca, por lo que, junto a la Policía autonómica, se ha desplegado una estrategia para “mapear los puntos críticos” y realizar inspecciones.
En paralelo, avisa, el subsector “está condenado a importantes pérdidas económicas” (entre 600 y 1.000 euros por cada actividad cancelada) debido al alto número de declaraciones de alertas climáticas que impiden que se desarrollen las actividades al aire libre. “Estas restricciones justificadas por motivos de seguridad se han incrementado de manera que afectan gravemente la continuidad de las empresas y la planificación de sus operaciones”, apostilla Activa Canarias. A su juicio, la ausencia de una normativa que contemple excepciones para profesionales capacitados limita la adaptación de las empresas y la continuación del trabajo bajo condiciones seguras.
El tercer gran desafío es el “cierre repentino” de espacios naturales por parte de las administraciones “sin procesos de participación efectivos con las empresas, como el reciente ejemplo del Parque del Teide.
El presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, resalta que este subsector genera en torno a 3.400 empleos directos, de los que el 80% son estables, con cerca de 1.200 empresas.
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