El título nos evoca la excelencia literaria de Julio Cortázar y el relato “demasiado macabro para ser real” en el que el escritor argentino llevó, una vez más, al límite la realidad de la fantasía. Pero, por desgracia, el título se refiere a la realidad de la política de tierra quemada que practica Pedro Sánchez. En esta ocasión, se trata de una proposición de ley de los socialistas que pretende prácticamente eliminar la acusación popular de los procesos judiciales, al impedir su acción en la fase de instrucción.
El amable lector, alarmado, nos recordará que tal cosa afecta al artículo 125 de la Constitución, esa Constitución que el presidente cita constantemente como coartada a sus desmanes legislativos. Sí, claro que le afecta, pero se trata de una minucia que no le impedirá seguir su política de absoluto control de las instituciones del Estado.
El alarmado lector insistirá recordando que la acusación popular ha posibilitado la lucha contra la corrupción, desde la catalana de Pujol a la del Partido Popular; sin olvidar que fue la que hizo declarar a la infanta Cristina y llevó a la cárcel a su marido, pero siguen siendo antecedentes que su guardia pretoriana de ministros secretarios generales autonómicos puede manipular. Con permiso de Yolanda Díaz, claro está.
La causa de este enésimo ataque al poder judicial de Pedro Sánchez es más que evidente: su esposa y su hermano, que vive en Portugal y no sabe ni dónde se encuentra el despacho de su puesto de trabajo público, han sido objeto de la acusación popular. La coartada es que la acusación popular se fundamenta en “recortes de prensa”, expresión que se usa en sentido peyorativo o, más bien, despreciativo.
¿Se quiere decir que la prensa miente, que es una fuente de bulos y mentiras? ¿Toda la prensa o una parte de ella? Hasta ahora, todos los casos o la mayoría de los que se han basado en la acusación popular han demostrado lo contrario, y esta acusación se ha revelado como una excelente herramienta de control de políticos y partidos, de lucha en contra de la corrupción política. No en vano, la Constitución la consagra como un procedimiento ineludible de participación del pueblo en la Justicia. Sorprende mucho, además, que los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, acepten este uso degradado de la expresión, que compromete la veracidad de sus fuentes y su secreto profesional.
Sánchez se está preparando para una larga permanencia en el poder del Gobierno y del partido, y ha comenzado por purgar a los secretarios generales autonómicos que no son de su absoluta confianza. Está creando así una guardia pretoriana incondicional de ministros o exministros secretarios generales territoriales que le aseguran un total control político de todos los ámbitos del poder. La guardia pretoriana protegía a los emperadores romanos, pero también los deponía o eliminaba cuando sus intereses no coincidían, pero el presidente no corre peligro: es capaz de pactar con unos y justamente lo contrario con otros, y todo al mismo tiempo.
En cuanto a los recortes de prensa, la fantasía política del presidente es macabra, aunque muy real. En suma, un indulto familiar encubierto y nuevos recortes de los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, de la honestidad política.
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