Miguel Ángel Sampedro, profesor de Lengua Española y Literatura en Secundaria en el IES El Chapatal, denunció, tras ser destituido, la falta de adaptación en su puesto de trabajo como docente sordo y el incumplimiento de la legislación en materia de inclusión laboral por parte del Gobierno de Canarias.
Desde 2020, la Administración canaria ha incumplido su obligación de proporcionarle un intérprete de lengua de signos (LSE) desde el comienzo del curso, lo que ha tenido efectos en su salud mental, incluyendo episodios de ansiedad y bajas laborales. Ha impartido docencia antes en los IES Agüimes, La Laboral, Gran Tarajal y Jinámar.
Si bien este curso lectivo su intérprete se incorporó poco antes de Navidad al IES El Chapatal, permitiéndole “trabajar con normalidad”, el pasado 29 de enero la consejería le destituyó alegando “supuesta ocultación de una enfermedad preexistente”, en referencia a la ansiedad generada por la falta de intérprete LSE para desarrollar su función. “Cuando firmé la designación, no la padecía y, cuando dispongo de intérprete en el instituto, tampoco”, explica.
Para el docente, este cese “atenta contra los derechos fundamentales” a favor de las personas con discapacidad, que obligan a garantizar un entorno laboral accesible, incluyendo ajustes razonables recogidos en la legislación. Denuncia que consejería dice promover políticas de inclusión para personas con discapacidad y, sin embargo, “se quedan en papel mojado y no garantizan los medios necesarios para que un docente sordo pueda ejercer su labor en igualdad de condiciones”.
El afectado presentó un recurso de reposición, exigiendo que se revierte su cese, se respeten sus derechos como trabajador con discapacidad y se refuerce la supervisión para evitar futuras vulneraciones. “El mío no es un hecho aislado, sino un reflejo de un problema estructural que exige respuestas inmediatas”, en relación a casos como el de Laura y Uxía.
Además, hace un llamamiento para que se “actúe con responsabilidad y justicia” y que “ningún docente con discapacidad vuelva a ser apartado de su labor por la falta de accesibilidad en su entorno de trabajo”.
La consejería sostiene que la declaración de no aptitud para el ejercicio de la docencia “proviene del informe de la Inspección Médica”, que ejerce la competencia para determinar esa capacidad. Eso sí, confirma la demora en la contratación del intérprete de LSE “por no disponer de efectivos”, debiendo realizar una selección.
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