Sánchez en vuelo bajo

Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas si no lleva al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2025, también si no obtiene apoyo de sus socios para subir el gasto de Defensa y, por supuesto, si el PP le tiene que sacar las castañas del fuego. Pero no lo hará porque eso no figura en su manual de resistencia. En España, espera agazapado a que Puigdemont, el “valeroso” prófugo, le pueda pagar su amnistía personal con el voto de Junts a los presupuestos del Estado de 2026 y en Europa vuela por debajo de los radares de la OTAN para evitar los misiles dialécticos del holandés Marc Rutte, que nunca tuvo buena opinión de las gentes del sur.

Con el miedo en el cuerpo y probablemente impactados por ver oficialmente a España a la cola de los países de OTAN en gasto militar, los españoles, salvo los votantes de Vox, quieren que el Congreso apruebe el incremento del presupuesto de Defensa, pero el Gobierno trata de eludir la votación para ocultar su soledad, para no desmerecer su pedigrí izquierdista y porque teme que el PP pudiera repetir “el número de Fraga” cuando en 1986 propugnó la abstención en el referéndum de la OTAN y dejó solo al Gobierno de Felipe González. En el PP, digámoslo también, hay quienes se frotan las manos con la sola idea de intentar hacer caer al Gobierno en la primera ocasión que se presente.

Pese a todo, Sánchez y Feijóo deberían actuar con visión de Estado, pactar el incremento presupuestario y definir el compromiso militar con los aliados, a ser posible en el Congreso, pero parece poco menos que imposible en esta España surrealista en la que, mientras la UE elabora normas de supervivencia para situaciones de emergencia, guerra incluida, el diputado único de un pequeño partido periférico que representa el 0,27% del voto de la Cámara logra someter a votación la propuesta de que España abandone la OTAN. Apoyó la iniciativa Sumar, que tiene cinco asientos en el Consejo de Ministros.

Antes de hablar de la cuantía del incremento y sin poner en duda la necesidad de hacerlo, conviene aclarar que España gasta más en Defensa de lo que oficialmente se reconoce, porque carga en las cuentas de otros ministerios gastos que en los demás países de la OTAN figuran en el capítulo de Defensa. Los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han mantenido hasta ahora esta argucia contable para sacudirse la presión antimilitarista, pero ahora, para fijar el incremento necesario, hay que conocer el dato real y elegir el camino para allegar los recursos: aumentar la deuda, subir impuestos o recortar de otras partidas. El asunto bien merecería un pacto de Estado, pero es imposible.

El debate de la semana pasada en el Congreso sobre la seguridad de Europa puso de relieve la incomunicación de los dos bloques de la Cámara y el nulo interés recíproco por lo que decía el contrario. Sánchez hizo la explicación que todos esperaban y repitió lo de alcanzar el 2% del PIB. Feijóo le pidió datos y reclamó que la cúpula militar le explique los detalles al PP, lo que no está mal, siempre que no ignore que las FAS no son un poder independiente y que están bajo la autoridad y dependencia del Gobierno.
Núñez Feijóo está en su derecho a rechazar la gestión de Sánchez y pedir su dimisión, pero a veces le pierde… no sé si el estado de ansiedad por no gobernar, aunque ganó las elecciones, o la presión de algunas personas de su partido cuyo apellido empieza por A, que le exigen no dar respiro a los socialistas. Si se hubiese ofrecido lealmente para colaborar en un asunto en el que están de acuerdo, podía haber sumado puntos entre los votantes descontentos con el PSOE, que haberlos haylos. Pero parece que prefiere tropezar dos veces con el mismo Mazón y seguir con su pancarta de “elecciones ya”.

El panorama político evidencia que, pese a la bonanza de los números de la Economía, el ruido y la polarización hacen difícil el funcionamiento institucional. Se gobierna por decreto ley y, so pretexto de normalizar la situación política, Pedro Sánchez sigue negociando el voto de sus socios habituales a cambio de cesiones que amenazan diluir el Estado en una organización confederal que difícilmente cabe en la Constitución. La fórmula Frankenstein, admisible a frotamiento duro como solución de emergencia, no puede hacerse estructural.