El 63% de los juzgados canarios sufrió en 2024 una sobrecarga de trabajo del 130%

El colapso generalizado que se padece en los juzgados de Canarias por la altísima litigiosidad que se registra en los mismos es de tal nivel que durante el año pasado hasta 139 órganos judiciales isleños de los 219 existentes superaron el 130% del número de asuntos que debería asumir cada uno según el módulo de entrada previsto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 63,4%.

Así se recoge en un informe emitido por el Tribunal Superior de Canarias (TSJC) al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS encargado por el propio Consejo el pasado 21 de mayo para conocer “las necesidades en materia de planta judicial correspondientes a su ámbito territorial” y en los que también se facilitan datos de los últimos cinco años.

Tal informe fue aprobado por el Pleno del TSJC celebrado el pasado día 6 y las conclusiones del mismo sobre dichas necesidades son claras: en Canarias hace falta crear al menos 24 plazas para nuevos magistrados, 12 por cada una de las provincias.

Todo ello está relacionado con la constatación de que, lejos de aminorar, el Archipiélago sigue siendo de largo la comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad en toda España, a tal punto que la semana pasada incluso un juzgado de Arona (el de Primera Instancia Número 4) anunció a la ciudadanía de su colapso por esta causa con el expeditivo procedimiento de poner un cartel a la entrada de la sede judicial, como hace un año ya hicieron igualmente sus compañeros del de Primera Instancia Número 1.

Ya al detalle sobre el informe que nos ocupa y tras explicar que toma como referencia lo dispuesto “en la Orden JUS/1415/2018 [publicada por el BOE del 28 de diciembre de dicho año], que exige para la creación de nuevas plazas judiciales la superación del módulo de entrada en más de un 30% en los cinco años anteriores”, lo primero que llama la atención es, como se ha dicho, la estadística al respecto de 2024: “139 órganos judiciales de Canarias, de un total de 219, superan el 130% del módulo de entrada del CGPJ”.

Pero lo que refleja la gravedad de la sentencia alcista son los datos del acumulado de asuntos por juzgados isleños durante los últimos cinco años y lo que ello conlleva, dado que por mucho que se esfuercen los operadores jurídicos en sacar adelante los temas, es obvio que, aunque incluso hasta crecen en algunos casos las resoluciones, es inevitable que cada vez se acumule más trabajo.

Para poner un ejemplo significativo sobre la afectación no solo a los ciudadanos directamente implicados sino al conjunto de la economía isleña por los asuntos que dirimen, las secciones de lo civil de la Audiencia Provincial tinerfeña arrastran una media del 71,8% de sobrecarga en esos cinco años, mientras que uno de los juzgados mercantiles de la capital sufre una media del 77,74%. Peor todavía es el 120.12% en las secciones civiles de la Audiencia de Las Palmas.

Sobre la docena de nuevas plazas solicitada desde el TSJC en la provincia tinerfeña, apuntar que en Santa Cruz hacen falta dos en primera instancia y una en contencioso-administrativo, social y mercantil; otra en lo Social del propio TSJ; una más en las secciones civiles de la Audiencia y el resto en primera instancia de La Laguna, de Güímar, de Icod de los Vinos, de Arona y de Granadilla de Abona.