El poder tiene, como ya hemos comentado, una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de crear los presupuestos para el pleno desarrollo de la persona en condiciones dignas. O lo que es lo mismo, el poder público se justifica en función de hacer posible los fines existenciales del ser humano: de posibilitarlos, no de realizarlos, ni siquiera de prejuzgarlos, porque la elección y procura de los propios fines es libre, y competencia exclusiva de cada persona. Por eso, el centro de la acción pública es la persona en cuanto pueda desarrollarse integralmente en condiciones dignas. Por eso, es importante que la persona no puede ser entendida como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción pública significa no solo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida pública, pues esta actividad se dirige a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos para que puedan vivir con dignidad.
El poder se asume, recordemos, para contribuir al bien de todos, para mejorar el bienestar general de todos y de modo especial de los más desfavorecidos. El poder es un medio, no un fin.
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