Canarias se encuentra ante una disyuntiva histórica. Tiene, al alcance de la mano, uno de los motores económicos con mayor capacidad para transformar su modelo productivo: el sector naval. Específicamente, la reparación y mantenimiento de buques, actividad que combina empleo intensivo, alto valor añadido y transferencia tecnológica, algo escaso en la economía regional.
En Tenerife, cada proyecto de reparación offshore puede generar entre 3 y 5 millones de euros en menos de 30 días, involucrando a más de 300 profesionales y empresas locales: operarios, técnicos, ingenieros, suministradores y subcontratas. Es decir, dinero nuevo que entra desde fuera y se redistribuye de forma directa en la economía insular.
No es una hipótesis. Es una realidad probada. Y sin embargo, no estamos aprovechándola.
Porque el verdadero cuello de botella no es técnico, ni financiero, ni de capacidad industrial. Es administrativo.
La Autoridad Portuaria de Tenerife tiene en sus manos la herramienta más poderosa para impulsar el crecimiento económico de la isla: la agilidad en la gestión y aprobación de operaciones portuarias. Pero cuando el ritmo de las decisiones administrativas no acompaña la velocidad del mercado internacional, cada día de silencio, cada burocracia innecesaria, se traduce en una inversión que no llega, un contrato que se cae, un proyecto que se va a otro puerto.
Los datos hablan por sí solos:
- La economía azul en Canarias representa el 7,18% del PIB regional, generando más de 3.500 millones de euros anuales.
- El VAB asciende a 4.100 millones, un 9,1% del total de la economía canaria.
- La reparación naval aporta un 0,68% del PIB y tiene un efecto multiplicador de 2,7: por cada euro invertido, se generan 2,7 euros en otros sectores.
- En 2023, el puerto de Las Palmas superó los 250 millones de euros de facturación en este sector. Tenerife podría seguir el mismo camino… si se le permitiera.
Aquí ya no hablamos de eficacia técnica, sino de responsabilidad intergeneracional.
La función pública no puede seguir siendo una estructura estática que protege el status quo. Debe convertirse en una plataforma al servicio de la creación de valor real. No basta con garantizar estabilidad. Hay que facilitar el progreso.
Y esto conecta con un principio fundamental del pensamiento libertario: el Estado no debe ser protagonista, sino habilitador. El desarrollo económico no nace de despachos, sino de la libertad de emprender, de invertir y de competir.
Desde aquí, una apelación directa y sincera a los funcionarios públicos que tienen en sus manos la capacidad de aprobar, rechazar o simplemente demorar el futuro de un proyecto productivo: piensen en su responsabilidad. Cada retraso innecesario, cada firma que se pospone, cada obstáculo burocrático evitable tiene consecuencias reales. No solo para quien emprende, sino para nuestros jóvenes, nuestras familias… incluso para las suyas.
El compromiso con el servicio público implica algo más que cumplir horarios o reglamentos. Implica tener la valentía de actuar con criterio, con urgencia y con sentido de impacto colectivo. La inacción cómoda, la omisión cobarde, también son decisiones. Y en este caso, decisiones que empobrecen.
Canarias debe asumir que su futuro no se construye controlando más, sino dejando trabajar, dejar crecer y dejar competir.
No se trata de llenar papeles. Se trata de llenar grúas, hangares, talleres y cuentas corrientes locales.
Es momento de dejar de poner excusas, y empezar a construir una economía portuaria del siglo XXI.
Jonathan Perez Padrón.
Chief Executive Officer Hidramar Group | Impulsando Canarias desde la reindustrialización y la exportación como motores de generación de riqueza neta
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