Varios juzgados de Primera Instancia de Canarias han emitido sentencias favorables a los consumidores declarando la nulidad de diversas cláusulas consideradas abusivas en contratos de cuentas bancarias y préstamos hipotecarios del Banco Santander S. A., tramitadas por el bufete local Gayres Abogados, fundado por las abogadas Carolina García Santos y Estela Royo Torres.
Estas resoluciones judiciales, emitidas entre los años 2022 y 2025, benefician a los consumidores afectados por estas prácticas bancarias, que son especialmente difíciles de detectar porque no se incluían en los contratos suscritos.
En los contratos de los dos afectados (titulares de viviendas protegidas en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife) nada se señalaba sobre comisiones en caso de impago o intereses de demora. De hecho, el banco no intervino en el contrato que se suscribió mediante fórmula de compraventa con subrogación en ambos casos.
Sin embargo, el Banco Santander, en enero de 2020, remitió una carta como la que se adjunta a todos sus clientes, comunicando la aplicación de comisiones a todos sus productos, incluidos los contratos de préstamo hipotecario, las tarjetas de crédito y los de cuenta bancaria.
Por tanto, ante un mero retraso en el pago de una cuota de la hipoteca el Banco cobrará doble comisión (la del préstamo hipotecario y la de descubierto en cuenta bancaria) así como intereses de demora igualmente duplicados.
Estas sentencias refuerzan la protección al consumidor frente a cláusulas no negociadas individualmente e impuestas unilateralmente por los bancos a sus clientes de forma abusiva, reiterando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia.
Las resoluciones subrayan la obligación de las entidades bancarias de conservar y facilitar los contratos, así como la necesidad de que las comisiones respondan a servicios efectivamente prestados y no a prácticas automáticas o desproporcionadas. Uno de los clientes ya ha recuperado un total de 7.195,27 euros más intereses sólo por estos conceptos.
Los consumidores españoles llevan años teniendo que acudir a los tribunales de justicia para defender sus derechos ante el aluvión de prácticas abusivas llevadas a cabo por no pocas entidades financieras (pero no todas), que desde la recesión de 2008 llevaron a cabo de forma masiva este tipo de sobrecostes, entre ellas también la comercialización de productos de alto riesgo sin advertir de sus características. Incluso, han presentado todo tipo de recursos ante el aluvión de condenas, disparando la litigiosidad en todo el país.
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