política

La Ley de Aguas en Canarias es tan vieja que las sanciones figuran en pesetas

El Parlamento de Canarias estrena un videopódcast que analiza los retos y explora soluciones ante la crisis hídrica en las lslas, con la escasez y la gestión como factores clave

No constituye una novedad -más bien, una obviedad- que el Parlamento de Canarias esté de vacaciones por estas fechas. Sí es una salvedad entre los legislativos de España que se publique un videopódcast institucional. En la más reciente entrega del formato, disponible en el portal y en las redes sociales de la Cámara autonómica, la presidenta, Astrid Pérez, conversa con cuatro interlocutores acerca del agua. Pero no para refrescarse, sino para aclarar ideas al calor de la actualidad.

A muchas personas les asombrará saber que las sanciones para las infracciones relacionadas con el uso y la gestión del líquido elemento recogidas en la ley vigente sobre la materia en la región, de 1990, están en pesetas. “¡Sale muy barato verter al subsuelo!”, exclama Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. “Es un clamor en el sector que tenemos que actualizar la Ley de Aguas. Llevamos más de treinta años con la misma ley en un escenario completamente diferente. Y todo el rosario de reglamentos y normas que cuelgan de ella”.

Desde la cristalina evidencia de que son “ocho realidades hidrológicas” distintas, Carlos Enrique Acevedo, secretario de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, anima a trabajar en la reutilización y en la producción de agua industrial. “Por lo menos en las islas de Tenerife y La Palma, también en las de Gran Canaria, El Hierro y La Gomera, las aguas subterráneas representan una parte muy importante del consumo, con el atractivo añadido del componente socioeconómico que hay detrás de las comunidades de agua, las galerías, los pozos, los comuneros… En Canarias ha sido una empresa común”.

Miguel Martín, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (Aspa La Palma), ahonda en los surcos de las inversiones: “Partimos de una situación quizá mejor porque había más agua. En primer lugar, nos falta la desalación. La Palma es la única isla sin desaladora. Tendríamos que haber estado incorporados en 2015”. Existe un grave problema adicional, el de los gases del volcán en algunos pozos: “Si hay averías, no se puede entrar ahí. Doscientas hectáreas sepultadas demandarán agua en los próximos años, cuando la recuperemos. Nos haría falta mucha más planificación y hacer una serie de inversiones, para no perder ni un litro del agua que corre por los canales”.

El ingeniero de minas Eduardo Padrón ha participado en proyectos de extracción de aguas en siete islas. “Hemos detectado un déficit de caudales procedentes de las aguas subterráneas -relata- con lo cual cada vez la recarga es menor y ha sido necesario profundizar en esas obras de captación de aguas subterráneas”. Como consecuencia, apostilla, se produce un empeoramiento de la calidad del agua; fundamentalmente, en Tenerife y La Palma.
La escasez, la reutilización, las infraestructuras, las ayudas y la burocracia fluyen en un diálogo de 40 minutos. Astrid Pérez concluye que “la situación es complicada y requiere altura de miras, compromiso político y técnico para asegurar el abastecimiento y proteger el desarrollo económico y social”. En la segunda entrega intervienen representantes de los grupos.