La Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias considera necesario igualar en las islas las valoraciones y las prestaciones contenidas en la Ley Dependencia al advertir que el grado de cumplimiento varía en función de lugar donde se reside, según afirmó ayer su presidenta, Ana Oramas.
Después de viajar a varias islas, en su visita a Gran Canaria, Oramas señaló que “nos damos cuenta de que la atención, los derechos de las personas con discapacidad, las oportunidades o la igualdad, depende mucho del lugar donde se resida”.
Oramas recalcó que “hay que dar pasos en lo que queda de legislatura para igualar las prestaciones o las valoraciones de la discapacidad y también el derecho al ocio, al deporte o la accesibilidad” y que “se viva donde se viva, las familias no se tengan que trasladar para recibir los servicios y las prestaciones que tienen derecho como canarios”.
En Gran Canaria, Oramas indicó que se reunirán con más de 60 colectivos con el propósito de que “no haya familia u organización del tercer sector que no sea escuchado”.
El objetivo, dijo, es “recorrer toda Canarias” para escuchar de una forma “directa” a los colectivos en el marco de una Comisión que busca responder a “la asignatura pendiente de Canarias con la discapacidad. Los miembros de la Comisión estarán dos días en la isla de Gran Canaria “recorriendo los centros y escuchando a todos los colectivos”.
Entre las diferentes necesidades que han detectado, Oramas señaló problemas en “el transporte en Fuerteventura para que los colectivos puedan tener actividades, dadas las distancias”, además de en la atención de los pacientes con ELA en Lanzarote o la atención temprana en El Hierro y la valoración de los niños, que “en muchos casos lleva a las familias a ir a Tenerife o esperar hasta tres años en esa atención temprana en educación”.
Asimismo, señaló que en La Gomera las familias tienen que desplazarse “dos días a la semana al sur de Tenerife porque no hay logopeda en la Isla”.
Del mismo modo, entre otros ejemplos puso de relieve “la problemática que tiene todo el tercer sector para contratar profesionales al no tener un concierto social a tres años o cinco años”.
En ocasiones, señaló la presidenta de la Comisión de Discapacidad, “los propios padres tienen que avalar operaciones de crédito para adelantar el dinero para que el personal pueda cobrar”.
“Mucho por hacer”
Ana Oramas lamentó que “esta es la realidad de Canarias”, y el objetivo es que “sea cual sea el número de personas con discapacidad en una isla, tiene que tener las prestaciones, sea cual sea el coste”.
La Comisión prevé terminar con esta escucha activa en todas las islas en diciembre para poder “hacer las propuestas conjuntamente”, algunas ya incluidas en el decreto que se aprobó en el Parlamento y “muchísimas que quedan todavía”.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó la misma idea, que complementa el trabajo que la corporación insular realiza “de manera estrecha con el tercer sector en la Isla”.
Para Antonjo Morales, es “muy importante que el Parlamento de Canarias conozca de primera mano la realidad de cada isla”, porque cada una tiene “sus singularidades”.
De esta manera, celebró el poder hacer “este tipo de reflexiones compartidas entre las diferentes administraciones públicas e instituciones con el tercer sector”, en un momento en el que “se cuestiona el Estado del Bienestar y las políticas de cuidado, sociales o servicios públicos que garantizan la equidad social o la justicia social para la ciudadanía”.
En este sentido, Morales destacó la necesidad de trabajar en “la agilización de la declaración de discapacidad” porque “en este momento el proceso es engorroso, administrativamente lento y es necesario que se agilice”. Del mismo modo,demandó soluciones para las personas mayores de 21 años para garantizar la continuidad de su educación. Asimismo, compartió las palabras de Ana Oramas subrayando que hay servicios que “se pagan tarde y eso dificulta la gestión y hace que las familias tengan que endeudarse” para poder “afrontar el reto de la atención a las personas que no necesitan”.
Precios justos o desaparición
Morales apuesta por “ir más allá”, porque, según recordó, “todavía no hemos firmado el convenio de la dependencia en Canarias”, y aunque “se ha avanzado” para ello, es una prioridad el poder “garantizar que el tercer sector perciba el coste justo y preciso de los servicios que se prestan”. Por último, advirtió de que la falta de financiación podría “hacer desaparecer a muchas de las organizaciones sociales”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas