La Región de Murcia y Asturias son las comunidades autónomas donde más aumentará el presupuesto del Plan Estatal de Vivienda de 2026-2030, mientras que Canarias deberá destinar 271,6 millones extra, hasta los 371 millones.
Las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla no estarán obligadas a cofinanciar en 2026 el Plan Estatal de Vivienda, sino que el resto de anualidades hasta que expire, de 2027 a 2030, podrán financiar la parte que les corresponda, conforme al 40% que tendrán que aportar. Ello se establece por si alguna de las comunidades ya tiene todos los fondos para 2026 comprometidos y no puede afrontar el incremento al que habría de hacer frente para este plan, cuya financiación se propone que sea en un 60% a cargo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Con esta fórmula, se espera que los fondos se tripliquen hasta alcanzar los 7.000 millones de euros con la vista puesta en acelerar las soluciones para resolver el actual problema de vivienda. Así se recoge en el borrador, que está en audiencia pública.
El Plan Estatal de Vivienda triplicará la inversión hasta los 7.000 millones de euros mediante esa fórmula de cofinanciación. Canarias recibirá 371 millones de euros. Andalucía lidera la asignación total (1.197 millones de euros, 876 millones más que en el de 2022-2025) y el mayor porcentaje de incremento con respecto al anterior plan se da en la Región de Murcia (308 millones, un aumento de 257). Para Canarias serán 271 millones más.
El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se han emplazado a otra reunión de la comisión multilateral la próxima semana “para buscar el consenso” tras persistir algunas “diferencias” sobre “aspectos concretos” en la sectorial de este jueves, en la que la ministra Isabel Rodríguez departió con los consejeros de vivienda autonómicos. Desde el Gobierno celebran el “tono” del encuentro y trasladan el compromiso en poner “todo de su parte” para alcanzar un acuerdo al “servicio del interés general” que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía. No obstante, insisten en que tiene que implicar una mayor corresponsabilidad en la financiación, debe proteger de forma permanente las viviendas construidas con recursos públicos y aportar una mayor transparencia en los datos.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, pidió al ministerio que contemple las singularidades de las Islas e incidió en sea flexible y atienda a las propuestas y mejoras planteadas por las comunidades autónomas. Acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, Rodríguez apeló al diálogo: “El plan comienza sin el consenso necesario. Desde Canarias estamos a disposición del ministerio para trabajar de manera conjunta y que sea un plan compartido por todos y útil para dar respuesta a la emergencia habitacional”. El consejero apuntó que el Ejecutivo canario aprovechó esta cita para adelantar las alegaciones y propuestas con la finalidad de “elaborar un plan que pueda aprobarse antes de final de año y que no sea impuesto, sino que integre las realidades y particularidades de todas las comunidades”.
Canarias busca garantizar que el plan se adapte a la realidad del Archipiélago y sea efectivo en la respuesta a la emergencia habitacional. Una de esas ideas es la utilización de los remanentes y superávits de las administraciones públicas, una iniciativa presentada en la Conferencia de Presidentes y que permitiría destinar recursos de manera temporal.
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