La abstención de Junts en la votación de la enmienda del PP para impedir el cierre programado de las centrales nucleares propició su caída y vuelve a instalar a España en una incertidumbre que ya resulta insostenible. El caso de Almaraz es el más urgente. Su cierre está fijado para 2027, pero el margen real para revertir las decisiones es marzo del próximo año. A partir de entonces, los pasos que se darán serán irreversibles.
Mientras, la realidad energética europea y mundial avanza en el sentido opuesto. Países de todos los tamaños, desde Francia y Finlandia hasta Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Japón y hasta China, están diseñando o ampliando parques nucleares para abaratar la electricidad, blindar su independencia energética y reforzar la seguridad del suministro. El mundo entero se mueve en esa dirección y España, con una de las redes más frágiles y vulnerables del continente, ha escogido, de momento, ir en sentido contrario.
La contradicción se vuelve más llamativa si recordamos que hace apenas unos meses sufrimos un apagón total. Desde entonces, las advertencias no han cesado: la red opera en tensión, los riesgos persisten y la posibilidad de nuevos cortes no está descartada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ido aún más lejos al plantear que, en caso extremo, se ordenará a la gran industria -y también a la pequeña y mediana- desconectarse temporalmente para evitar otro colapso. Es una propuesta que evidencia hasta qué punto el sistema está al límite.
Y, para completar el cuadro, esta semana se ha hecho público el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía. Sus más de quinientas páginas apenas mencionan a España, y cuando lo hacen es para recordar el apagón. En un momento en que el país debería figurar en capítulos sobre planificación, transición ordenada o seguridad energética, aparece como ejemplo de vulnerabilidad.
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