El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro celebra la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del “freno” a los encargos urbanísticos directos a la empresa pública Gesplan. El COA se refiere a dos “resoluciones clave” relativas a encargos recurridos en los municipios tinerfeños de Candelaria y Arafo, en los que se recalca la imprescindible motivación y acreditación en el expediente de cada proyecto.
Los arquitectos entienden que estas decisiones judiciales “marcan un antes y un después” en la contratación de los servicios urbanísticos en Canarias, al exigirse que cualquier excepción al procedimiento competitivo esté respaldada por informes técnicos y económicos, y descartar la adjudicación directa como proceso automático.
En el caso de Candelaria, el fallo del TSJC, con fecha del 4 de diciembre de 2025, inadmite el recurso de casación y consolida la firmeza de la sentencia que anuló el encargo a Gesplan para la redacción del Plan Especial de Ordenación del Casco Urbano. En lo que respecta al municipio de Arafo, se consolida la sentencia que anuló el encargo de redacción de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación Urbana y se inadmite el recurso interpuesto por la Fecam.
El COA destaca que ambos fallos reconocen una interpretación literal del artículo 15.2 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, en el que se especifica que “el uso de los medios propios o instrumentales en trabajos de planeamiento no puede operar como vía automática y exige motivación expresa en el expediente, incluyendo la correspondiente justificación técnica y económica frente a la contratación mediante licitación”. La entidad colegial arguye que “el uso sistemático de los encargos directos no solo afecta al ejercicio profesional, sino también a la calidad de los trabajos y, por lo tanto, a los ciudadanos”.
Desde Gesplan trasladan que este doble pronunciamiento no afecta a la actividad presente ni futura de esta empresa pública adscrita a la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. En la actualidad, ejecuta más de 300 proyectos al año, con una plantilla multidisciplinar de unas 2.000 personas.
Desde 1991 trabaja como herramienta técnica al servicio de las administraciones públicas: “Estamos especializados en labores de planificación, gestión y ejecución de proyectos relacionados con el territorio y el medioambiente, la sostenibilidad, el cambio climático, la economía circular y el bienestar animal, entre otros ámbitos. Desarrollamos nuestra labor con vocación de servicio público, guiados por valores como la transparencia, la igualdad de oportunidades, la cualificación, la innovación tecnológica y la mejora continua, con un firme compromiso por el territorio sostenible, la mejora de la calidad de vida y un crecimiento equilibrado y respetuoso con el entorno”. A través del marco estratégico Sendero 31, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental busca afianzar un modelo de negocio basado en cinco ejes de actuación.
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