El Ministerio de Trabajo ha aclarado que la no convalidación parlamentaria del decreto que prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 no puede utilizarse como excusa para rebajar sueldos. A través de un criterio interpretativo emitido por la Dirección General de Trabajo, el departamento subraya que los contratos en vigor deben mantener las cuantías salariales pactadas, con independencia de la derogación del Real Decreto-ley ómnibus, que fue rechazado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
El texto legal que decayó contemplaba la extensión del SMI de 2025, fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, hasta que se aprobara la nueva cifra correspondiente a 2026, que el Ministerio pretende situar en 1.221 euros al mes.
Desde Trabajo también se ha precisado que, una vez se apruebe el nuevo salario mínimo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá validez durante todo el año 2026, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Asimismo, el Ministerio ha advertido de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encargará de supervisar el cumplimiento de esta interpretación, con el objetivo de impedir que se produzcan reducciones salariales indebidas a trabajadores que perciben el SMI como consecuencia del rechazo del decreto.
Yolanda Díaz y el SMI
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la última reunión de la mesa de diálogo social para la fijación del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 será la que está prevista mañana y espera que de ella salga un acuerdo.
“La buena noticia es que el Gobierno de España va a subir el salario mínimo un 3,1% con justicia fiscal, sin pagar impuestos”, ha subrayado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
La vicepresidenta segunda, que ha dado las gracias a los agentes sociales “porque el diálogo social funciona bien” en España, ha afirmado que esa mesa lleva meses negociando a pesar de que el Gobierno sólo está obligado a consultar el SMI, no a negociarlo con sindicatos y empresarios.
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